Congresistas reciben 10 millones por gastos de representación
Además, los parlamentarios disponen de 50 salarios mínimos para conformar su staff personal.
Noticias RCN
octubre 09 de 2013
02:21 p. m.
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Después de que el presidente Juan Manuel Santos restituyera las pagas extras -de casi ocho millones- a los congresistas, que el Consejo de Estado había suprimido en un reciente fallo, los colombianos volvieron a sentir una desazón en sus bolsillos.
Y no es para menos. Un congresista recibe un salario básico de 10’339.780 de pesos, pero junto a las primas extras, al mes está ganando 24’054. 342.
El Gobierno se encarga de pagarle a los parlamentarios un plan de celular de 2.000 minutos; un staff personal que puede ser máximo de 10 personas y en las que se puede gastar 50 salarios mínimos, es decir, 30 millones de pesos mensuales. Por ejemplo, el representante a la Cámara por el Partido Conservador Telésforo Pedraza tiene en su staff personal tres abogados, un economista, un politólogo y un comunicados social.
De igual manera, el Estado les proporciona dos tiquetes aéreos abiertos por semana, una oficina completamente dotada y un equipo de seguridad, que incluye un conductor y un guardaespaldas.
Pero los beneficios no paran ahí. Aunque los congresistas deben pagar el impuesto en la renta lo hacen sobre un sueldo básico, es decir, 5´816. 124. Un hecho que le parece insólito al mismo representante por el Partido Liberal Guillermo Rivera, quien asegura que deberían pagar un impuesto acorde a su salario real.
Sin embargo, el representante del partido Verde Alfonso Prada va más lejos y señala que los congresistas deberían ganar “como gana un taxista, un conductor de bus, un vendedor, un comercial en una empresa y es por el trabajo que haga”.
La nueva prima especial de servicios, aprobada por decreto por el presidente, no sólo les reintegra a los parlamentarios 7.898.445 pesos, sino que el decreto 2170 de 2013 tiene un carácter retroactivo, por lo que los funcionarios recibirán el monto que no les fue entregado en septiembre, cuando el Consejo de Estado les retiró las primas de localización, salud y vivienda.
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