20 años de la Ley 100: sistema de salud colapsado

El gremio que reúne a las EPS dice que la Ley 100 permitió que el servicio de salud llegará a toda la población sin importar si estaba cotizando o no.

"Solamente el 23 por ciento de los colombianos tenía algún tipo de aseguramiento, y muy malito. Hoy el 96 por ciento", indica Jaime Arias, presidente de Acemi.

Ese crecimiento en la cobertura, es para los expertos, el caos de las demoras en la atención a los pacientes.

"Cuando uno necesita una cita con el médico no encuentra agenda disponible", dice Laura Ramírez, vocera de los pacientes.

Quienes diseñaron la ley no proyectaron el tema de la salud a futuro y no contemplaron temas como la aparición de nuevas enfermedades, ni el desarrollo de medicinas especializadas de alto costo, ni mucho menos un incremento poblacional tan desmesurado.

"La población se está envejeciendo, cambió lo que se llama la carga de enfermedad, hoy son otras las enfermedades", agregó Jaime Arias.

"La dificultad que se tuvo fue que en el Plan Obligatorio de Salud no se dio una actualización seria hasta el año 2012", agregó la vocera de los pacientes.

El Gobierno le dio vía libre a la creación de las EPS y las IPS, pero los malos manejos administrativos y financieros tienen a los pacientes en una constante espera para la autorización y ejecución de procedimientos médicos.

"No todas las EPS son serias y cumplen bien su papel, entonces es cuando se busca lucrarse y ahorrar más", dice Laura Ramírez.

Aun no son claras las cuentas sobre la deuda que tiene el Gobierno con las EPS, que tiene el sistema colapsado y que afecta directamente a los usuarios.

"No se ha logrado el equilibrio financiero y el sistema está en déficit", reconoció Jaime Arias.

Veinte años después, una reforma a la salud pretende corregir los errores de la Ley 100. Voceros de los pacientes piden al Estado que en la iniciativa que se tramita en el Congreso la prioridad sea el bienestar y mejoramiento en el servicio para los usuarios.

Los promotores y defensores de la Ley 100 en 1993

En diciembre de 1993, durante el gobierno de César Gaviria, fue aprobada la Ley 100. El principal ponente del proyecto fue el entonces senador de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Intensos debates se realizaron en la comisión séptima del Senado para lograr salvar la iniciativa en dos grandes bloques: salud y pensiones.

"Llegar a cambiar todo el sistema, toda la estructura del país tanto en lo pensional como en lo de salud, hubo mucha discusión, mucha oposición, pero yo creo que Uribe como senador en esa época hizo un gran trabajo como ponente", manifestó Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior.

Los cambios que se avecinaban eran necesarios, según algunos congresistas de la época. Sin embargo, para la oposición eran reformas neoliberales que abrían la puerta a la privatización y advertían problemas.

"Uno leía el articulado de la ley, sus propósitos, leía la Constitución del 91, y estaba claro que en la Constitución del 91 se le había abierto el camino, en media de mucha demagogia, a la privatización de todo lo que eran deberes y responsabilidad del Estado", manifestó el senador Jorge Enrique Robledo.

El tiempo era poco. Luego de largas sesiones el Gobierno consiguió la mayoría de los votos para sacar adelante la ley.

"El presidente Gaviria ya prácticamente daba por hundida la ley, convinimos en que se convocaba ese fin de semana, inclusive hubo necesidad de ir por algunos a otras partes del país en aviones del gobierno", recuerda Fabio Valencia Cossio.

Durante el trámite en el Congreso fueron convocados médicos especialistas, facultades de medicina y el sector privado de la salud.

Los carteles de la salud

Con el nacimiento de la Ley 100 surgieron empresas criminales que se dedicaron a lucrarse a costa del dinero de los aportantes al sistema y de los recursos del Estado. Estos son los denominados carteles de la salud.

Los esguinces del sistema de salud permitieron a las EPS, empresas privadas, médicos y hospitales, crear carteles que captaron millonarios recursos a costa del dinero del Estado y la salud de los pacientes.

En muchos casos esos carteles terminaron siendo la fuente de financiamiento de los paramilitares a finales de los 90.

Los recobros: la ley no incluyó una serie de medicamentos, cirugías y tratamientos en el Plan Obligatorio de Salud, y eso debía obtenerse a través de autorización del Fosyga. Como esto no ocurría siempre, los recobros que rechazaba el Fosyga eran tramitados por unas firmas especializadas que cobraban comisiones de hasta seis por ciento.

Una funcionaria del Ministerio de Protección Social aprobaba los recobros, las EPS recibían el dinero y pagaban la comisión. Hasta 2012 los recobros ilegales estaban calculados en 30.000 millones de pesos.

Los medicamentos: algunas EPS e IPS reportaron gastos excesivos en la compra de los medicamentos que más movimiento en los hospitales como el Acetaminofén. El sobre precio estaba repartido con las intermediarias que, según algunas investigaciones, manejan políticas en varias zonas del país.

Cobran más caros los medicamentos y el Estado los debe pagar.

Las tutelas: la reiterada negación de la prestación de servicios abrió la puerta para las demandas y tutelas que obligan a la atención, utilización de tecnologías y entrega de medicamentos no incluidos en el POS.

Aunque para muchos pacientes fue la única forma de lograr la atención, se organizó un cartel de abogados que en muchos casos se aprovechan de la gente.

Control de precios: varias empresas prestadoras de salud EPS realizaron un acuerdo ilegal para no prestar algunos tratamientos, procedimientos o medicamentos consagrados en el POS. Así obligaban al Gobierno a aumentar el valor de las UPC, que es el costo que se les reconoce a las EPS por cada usuario.

Ánimo de lucro: el sistema de salud fue creado para dar la atención universal con financiación solidaria, pero con competencia pública y privada. Eso hizo que muchos terminaran enriqueciéndose.

El mejor ejemplo es Saludcoop, que convirtió 630.000 millones de pesos de excedentes financieros y que debían ser reinvertidos en el Plan Obligatorio de Salud, en infraestructura y excesivos lujos para sus directivos.

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