Las advertencias del contralor sobre peajes, pasaportes y racionamiento energético

El director de Noticias RCN José Manuel Acevedo habló en exclusiva con el contralor Carlos Mario Zuluaga. Encendió las alarmas por riesgo de racionamiento, habló además del lío de los pasaportes y del alza en el precio de los peajes que impactará el bolsillo de los colombianos.

¿Le preocupa a la Contraloría la idea de que los peajes están congelados, pero el año entrante las cosas pueden cambiar?

Le preocupa la Contraloría y a muchos colombianos. Efectivamente haber tomado la decisión de congelar los peajes que es el IPC del 2023, 13.4 % en promedio, hace que en el año 2024 todos los colombianos sientan una afectación en el bolsillo porque el otro año los peajes van a subir el 13.4% del 2023 y un promedio del 10% del año 2024 del IPC. Es decir, el incremento de los peajes va a ser del 24% en promedio.

¿Le advirtió todo esto al Gobierno Nacional o esto es la primera vez que lo está diciendo?

Nosotros lo hemos hecho en los seguimientos permanentes que tenemos a las 29 concesiones, 10 de ellas son privadas y 19 son públicas. Esa afectación hace de que muchas de ellas puedan también como está incumpliendo el Gobierno en los pagos, ellas también tener algunos procesos de incumplimiento muchas están haciendo préstamos.

¿Siente que le pararon bolas?

Tienen que revisar la medida porque hay unos recursos adicionales que van a tener que prever en el presupuesto el otro año. Aquí no hay un daño fiscal, pero sí hay un esfuerzo adicional que tiene que hacer el Gobierno que va, luego también verse reflejado en el esfuerzo del bolsillo de los colombianos en el año 2024.

¿Qué ha encontrado la Contraloría en materia de salud?

Aquí lo importante es que hicimos una reunión la semana pasada con las EPS y con el Gobierno Nacional es que no se puede suspender el servicio y la prestación del derecho a la salud de los colombianos sobre todo de los pacientes que están en enfermedades terminales o de altos costos que se financian con los presupuestos máximos donde siempre hace falta para seguir pagando o garantizar este derecho.

¿Algunas EPS dicen si no tenemos plata, entonces, cómo hacemos para seguir continua con esa función?

Es la discusión que hay que sacar de la reforma. La plata de la salud siempre ha sido insuficiente, por supuesto, hay que revisar en las auditorías que haya eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, pero esa es otra línea de trabajo que tiene la Contraloría y es la investigación las cuales no van a pararse. Pero la prestación del servicio de la salud no puede detenerse.

La Contraloría va a ser una depuración de las cifras. Las IPS dicen que la EPS les deben 30 billones de pesos, las EPS reconocen una cartera de 15 y la Superintendencia de Salud habla, en una cartera revisada del 58%, de 9.8 billones 

¿Cuándo piensa tener esa depuración?

La segunda semana de diciembre vamos a tener un primer balance de cuál es el estado real de las cifras. Ahora, aquí hay muchas cuentas glosadas, carteras por revisar que las IPS le siguen reclamando a las EPS. Los presupuestos máximos, es claro, no alcanzan. Necesita el Gobierno revisar cuánto vale realmente la UPC para que se garantice la atención de todos los colombianos-

¿Cree que tenemos un peligro de racionamiento en Colombia en materia energética?

Sí lo tenemos. Hay tres tipos de racionamiento que pueden estar en marcha: el primero de ellos es un racionamiento institucional. sigue la CREG sin comisionados titulares designados, eso es peligroso porque no se toman decisiones de fondo.

Lo segundo, puede haber un apagón financiero. La mayoría de las comercializadoras tienen deudas no reconocidas por el Estado por valor de 6 billones y el tercer apagón es el energético. Si nosotros no conectamos todos los proyectos que tiene el país en la excepcionalidad,  el ministerio tiene que mirar como regula transitoriamente un mecanismo que permita que los proyectos que están ya adjudicados, listos, que le hace falta un trámite, una licencia, un requisito; puedan conectarse al sistema interconectado nacional para que entren más o menos 3.000 megas.

¿Cuál es la opinión de la Contraloría en el tema de los pasaportes?

Desafortunadamente todo lo que está ocurriendo hoy con esa licitación en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Contraloría lo advirtió oportunamente. Le dijo al ministerio que tenía que prever todos los escenarios del riesgo inminente que podía estar en no continuar un proceso de licitación que había tenido una evaluación por parte de la entidad.

Ahí tenían que haber separado si los pliegos estaban bien o no cómo suspender eso antes de evaluar, de hacer todo el proceso que podía generar derechos en quienes estaban pretendiendo, así sea un solo oferente, tener la administración de ese proceso de la Nación

Y lo segundo de ello es que ahí hay un riesgo inminente de pérdida de recursos porque va a haber una demanda contra el Estado (…) tenían que preverse los mecanismos para mitigar el riesgo que tenía una posible demanda o una controversia contractual contra la Nación por una afectación de intereses de un tercero que pudo haberse lesionado por una decisión que tomara el Estado.

¿Cabe una investigación en ese tema por parte de la Contraloría?

Aquí efectivamente cuando ocurra la materialización de los riesgos que advirtió la Contraloría tenemos que proceso, indagación preliminar contra quienes desatendieron las advertencias que hizo la Contraloría oportunamente.

¿O sea, el canciller, por ejemplo? Por supuesto, y el secretario General quienes estuvieron ahí involucrados.

El ejercicio en funciones ¿ha sido fácil o no? 

Yo estoy aquí es atendiendo una orden de la norma de la ley que dice que cuando el contralor, se declare la falta absoluta del contralor, el vicecontralor asume hasta que el Congreso designe o elija un nuevo contralor.

¿Y qué debería pasar entonces? 

El Congreso tiene una orden judicial que cumplirse, pero lo que sí es cierto es que hoy la decisión que tomó el Consejo de Estado y la orden que tomó tiene unas intervenciones o tiene unas afectaciones jurídicas porque hay una tutela     que ya está en revisión del máximo órgano de cierre constitucional que es la honorable corte.

Tener un cronograma de elección de contralor sin tener en cuenta, en qué momento la corte se va a pronunciar tiene dos tiene dos lecturas: la primera de ella, que pareciera que estuvieran prejuzgando de que la corte va a decidir negativamente o en la tutela. Y lo segundo, es que no actuar con cautela en un momento en el que hubiera la decisión de la corte ser cualquiera, desde devolver al cargo al contralor o modular la decisión; lo que la corte en su respeto quiera hacer tiene una implicación y el Congreso tiene revisar todos esos escenarios, tendrían que hacerse consulta cómo proceder en estos momentos, pero no debería elegirse un contralor antes de que la corte resuelva de fondo esta tutela que tiene que ver con la decisión que tomó el Consejo de Estado.