A sanción presidencial: Congreso aprobó proyecto de virtualidad para trámites de justicia
A la espera de la sanción presidencial, el proyecto de ley aprueba la virtualidad de audiencias y trámites judiciales en el país.
Noticias RCN
07:58 a. m.
Tras largos debates ante las diferentes plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, quedó aprobado el proyecto de ley que busca adoptar definitivamente la virtualidad en la administración judicial del país.
Aunque se espera aún la sanción presidencial, la ley es un hecho y se espera que con esta los procesos judiciales, audiencias y demás trámites de justicia se agilicen y permitan el acceso más fácil de los ciudadanos. Cabe resaltar que este proceso de virtualidad quedará a consideración de los jueces de cada caso.
Asimismo, desde el Ministerio de Justicia y las organizaciones penalistas se celebró la decisión del Congreso, la cual estaba consagrada en el decreto 806 del 2020, con el que se implementó el modelo de digitalización durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
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En consecuencia a la decisión, Minjusticia aseguró estar implementando una herramienta digital de consulta que facilite a los actores interesados estar al tanto de los procesos y avances en determinados casos.
La pandemia del Covid-19 aceleró el proceso de adaptación de las tecnologías a nuestras vidas. Por eso, desde Minjusticia hemos desarrollado herramientas como #SUINJuriscol, #ConexiónJusticia, entre otras, para garantizar el goce y protección de los derechos de los ciudadanos.
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Optimización de procesos y beneficios de la ley
Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela, resaltó los beneficios que traería la aplicación del proyecto de ley, asegurando que permitiría la optimización de los tiempos procesales, la mejora en la consistencia de las decisiones judiciales y aliviaría la carga de jueces, funcionarios y demás actores del sector de justicia.
Asimismo, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Penalistas, celebró la decisión del Congreso, calificando como un “mico” la excepción con la que se pretendía excluir a la administración de justicia de la virtualidad.
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Cabe recordar que los jueces estarían en la facultad de citar de manera presencial audiencias y recolección de testimonios, dependiendo del caso y solo si se considera pertinente en determinada situación.