Camilo Romero irá a juicio por presuntas irregularidades durante su gobernación en Nariño
La supuesta falta fue calificada como grave, debido a una supuesta omisión de Romero al proceso administrativo para la venta de aguardiente en el departamento.
Noticias RCN
09:11 a. m.
Camilo Romero, exgobernador de Nariño, fue enviado a juicio disciplinario por las presuntas irregularidades presentadas en la venta a crédito de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño, en el departamento durante su administración.
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Según las investigaciones de los entes reguladores, la venta de estos artículos durante el 2016 ascendería a los 18 mil millones de pesos.
Asimismo, se sabe que entre el 24 y el 26 de agosto de 2016, en ausencia de Romero Galeano, el entonces secretario de Hacienda, Camilo Romero habría fijado precios y escalas de venta de Aguardiente Nariño Tradicional y Aguardiente Nariño sin Azúcar, autorizando el proceso de compraventa de las cajas de aguardiente con la Organización de Licores de Nariño.
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Además, el Ministerio público ha señalado que Romero habría omitido su deber de “someter al escrutinio correspondiente la actuación de los funcionarios bajo su dirección encargados del proceso de venta del Aguardiente Nariño y validar el mismo, dada la importancia y las repercusiones que una decisión sobre este particular tendría sobre las finanzas del departamento, sin dejar de lado el interés legítimo de los posibles compradores que manifestaron su intención de participar en el negocio”.
Indicando además que el exgobernador habría pasado por alto las actuaciones administrativas pertinentes para hacer que la comercialización de licores distribuidos, en ejercicio del monopolio de arbitrio rentístico a favor del departamento, se diera de acuerdo con lo establecido en las normas que reglamentan dicha actividad.
Cabe recordar que Romero tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delitos contra la administración pública.
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