Juez deja en libertad a Nicolás Petro, pero no podrá salir de Barranquilla
El juez decidió medida no privativa de la libertad para Nicolás Petro y Day Vásquez. Pidió cancelar las órdenes de captura en su contra.
Noticias RCN
09:55 p. m.
Nicolás Petro Burgos y su exesposa Daysuris Vásquez fueron imputados por la Fiscalía y en audiencia un juez decidió su futuro jurídico.
El diputado del Atlántico recibió medida no privativa de la libertad. Su expareja también, ambos con condiciones con la justicia.
Para Day: restricciones para salir del país y para asistir a eventos de índole político, y el compromiso de presentarse ante las autoridades cada vez que la requieran en el marco de la investigación. Y para Petro Burgos quedó prohibido interactuar con cada una de las personas que le dieron recursos de procedencia ilícita y con quienes hagan parte del caso. También le negaron la posibilidad de salir de Barranquilla.
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En medio de este caso, que fue nombrado por la Fiscalía como Fasad, se revelaron varios nombres que tienen al Gobierno Nacional en uno de sus peores escándalos hasta el momento. 26 personas fueron vinculadas al proceso por, al parecer, haber ayudado en la consecución de recursos de una posible corrupción para inyectar capital a la campaña presidencial de 2022, dinero que de una u otra forma no se reportó a las autoridades electorales. Allí figura la primera dama, Verónica Alcocer, Mauricio Lizcano, Alfonso Prada y hasta el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, a quien mencionaron en varias oportunidades durante la presentación del material probatorio.
La audiencia de imputación de cargos de Nicolás Petro
Durante la audiencia de Nicolás Petro y Day Vásquez, que inició esta semana, el fiscal Mario Burgos reveló la forma en la que la pareja habría lavado activos a partir del enriquecimiento ilícito del que se presume fue autor el hijo del mandatario colombiano.
El ente acusador señaló que en 2022, los gastos del diputado no coincidían con sus ingresos, pues su sueldo se calculaba en 280 millones de pesos, y sus compras fueron de casi $1.300 millones, es decir, cerca de $1.053 millones no fueron producto de su labor y no reportó ninguna otra actividad que le generara dineros de esa índole.
Por estos hechos, Petro Burgos fue señalado por incremento patrimonial injustificado. Esto le permitió adquirir propiedades como un carro Mercedes Benz de 200 millones y otros inmuebles que superaban los $1.000 millones. El papel de su esposa en todo el delito era, según la Fiscalía, blanquear los bienes y darles apariencia de legalidad, poniéndolos a nombre de un tercero, como hicieron con su tío y otras personas involucradas.
Vásquez también fue imputada por lavado de activos, y adicionalmente, por violación de datos personales al comprobarse que habría perfilado a la actual pareja de su exesposo, Laura Ojeda, violando así su intimidad. La mujer tenía un reporte de sus contactos, llamadas frecuentes, conversaciones y demás, todo esto con el único fin de conocer desde cuándo Nicolás Petro se comunicaba con su actual pareja.
Este entramado de presunta corrupción fue revelado con una línea del tiempo desde 2020 hasta el presente año. El fiscal mostró contratos, documentos, conversaciones de WhatsApp, audios y llamadas que confirmarían los delitos cometidos por la expareja. Otras líneas de investigación también se abrieron para verificar el papel de importantes figuras políticas.
La colaboración de Nicolás Petro y sus revelaciones
Aunque el diputado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, decidió colaborar y revelar situaciones de corrupción de interés para el país. Lo que más sorprendió de lo que dijo es que, contrario a lo que se pensaba, a la campaña de su padre sí ingreso parte del dinero irregular que él había recibido a cuestionados personajes como Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘hombre Marlboro’, Gabriel Hilsaca Acosta, hijo de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca y Óscar Camacho, empresario de Cúcuta.
Esto es grave. Se trata de ingresos presuntamente provenientes del narcotráfico, que no fueron reportados ante las autoridades electorales y que además habrían violado los topes permitidos por la ley.