Las claves de la JEP en la imputación al general (r) Mario Montoya por 103 casos de falsos positivos

Este miércoles 30 de agosto, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP imputó al general (r) Mario Montoya Uribe como autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando era comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre el 2002 y el 2003.

La jurisdicción acusa a Montoya de “mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”.

Junto a él, fueron imputados los tenientes en retiro Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero; cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) y retirados del Ejército Nacional.

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La investigación por falsos positivos de la JEP

Mediante el quinto auto emitido en el marco del caso 03 por falsos positivos, la JEP documentó que las unidades tácticas pertenecientes a la IV Brigada del Ejército, fueron responsables de asesinar y desaparecer a personas en 16 municipios como San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná. Estas prácticas, incluidas en la política de “conteo de cuerpos”, como único indicador del éxito militar en sus acciones contra grupos guerrilleros.

Para el tribunal, el excomandante del Ejército, Mario Montoya, y los demás uniformados imputados, son los máximos responsables de estos crímenes debido a su posición de liderazgo dentro de las FF. MM.

Según la JEP, las órdenes de los oficiales se daban de forma genérica e implícita, para instigar e inducir a sus subalternos a cometer los crímenes. “El rol que cada uno de ellos ocupó para la época de los hechos en la institución militar los puso en capacidad de incidir directamente en la aparición y consolidación del patrón macrocriminal, en el que se enmarcan los crímenes imputados”, indicó la justicia transicional.

En el caso particular de Montoya, la JEP lo llamó a reconocer su responsabilidad por haber mentido sobre la producción de bajas pertenecientes a las antiguas Farc y encubrir posibles casos de extralimitación del uso de la fuerza.

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El caso de dos niñas y tres jóvenes asesinados en San Rafael

Para ejemplificar la acusación, el tribunal recordó el caso de la presentación como guerrilleros pertenecientes al IX frente de las Farc de “dos niñas y tres jóvenes civiles que había caído en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael”.

En lo expresado por el tribunal, los menores habían pedido a un paramlitar conocido bajo el alias de Parmenio, que los llevara a una vereda en la que se celebraba una fiesta. Sin embargo, aunque Montoya sabía que se trataba de civiles según lo reportado por el comandante a cargo de la operación, el hoy imputado insistió en que se presentaran los cuerpos de las niñas y los jóvenes como bajas en combate.

A este caso se suman las acusaciones contra Montoya de haber presionado a los miembros de la IV Brigada para producir bajas “a toda costa”, mediante intimidaciones, incitaciones al uso de la violencia y tratos en los que “exaltaba el derramamiento de sangre”.

“No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate que se estableció desde la comandancia de la IV Brigada y descendió a través de los distintos niveles de la cadena de mando”, sostuvo la JEP.

El tribunal agregó que, en ese entonces, la metodología en las filas del Ejército desincentivaba cualquier otra clase de resultados como capturas e incautaciones, mientras los ataques contra la población civil se convertían en algo “generalizado y sistemático”.

Contaban con mecanismos preacordados de encubrimiento, es decir, ante la posibilidad de “dar una baja”, ya sabían cómo proceder

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Un patrón macrocriminal 

En la investigación, se reconoce al Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) con el 80% de la concentración de los crímenes cometidos entre 2002 y 2003.

La JEP encontró un patrón macrocriminal de “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por miembros de la IV Brigada”. Entre este modelo, se identificó que las víctimas eran sacadas de sus casas, trabajos o eran interceptadas en el transporte público para luego ser señaladas de guerrilleras o ayudantes de la guerrilla.

Otra modalidad usada por los militares fue la del engaño, aplicada a personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, que eran trasladadas a lugares apartados en donde posteriormente las asesinaban. En su mayoría, las víctimas eran habitantes de calle y trabajadores informales de la central minorista de Medellín.

La tercera modalidad registrada en la investigación consistía en el asesinato y desaparición de personas protegidas por el DIH, como personas enfermas o en sillas de ruedas que, hasta la fecha, no han sido identificadas.

En cualquiera de las tres modalidades, las víctimas eran asesinadas en estado de indefensión y presentadas como bajas en combate. Según determinó la JEP, el perfilamiento de los civiles y su ejecución se hizo con la complicidad de grupos paramilitares de la región y guerrilleros desmovilizados.