Las preguntas sin resolver del decreto sobre la comisión que liberará a jóvenes de la primera línea

Hace poco más de una semana el presidente Petro causó revuelo tras anunciar que varios de los jóvenes detenidos en el marco de las protestas de 2021 iban a ser liberados y delegados como gestores de paz antes de Nochebuena. Desde ese momento el Gobierno puso en marcha toda su maquinaria para cumplir lo dicho, aun cuando la propuesta generó inconformidad en instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría y los sectores políticos que consideran a esta decisión un espaldarazo a la separación de poderes y un atentado contra la rama judicial.

Con todo y polémica la decisión siguió su curso y el pasado 9 de diciembre fue firmado el decreto 2422 de 2022, con el cual se crea una Comisión encargada de recomendar la admisión o exclusión de los miembros de la primera línea que quedarían en libertad bajo la figura de la Ley de paz total, aprobada por el legislativo.

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Así las cosas, la opinión pública conoció el texto en el que se aclaran las funciones de la comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana y también los nombres de quienes la conformarán, empezando por los jefes de la cartera del Interior, Defensa, Justicia y finalmente el director del Dapre. Pero, aunque el documento plantea una hoja de ruta de cara al proceso que se adelantará, también deja bastantes preguntas sin resolver y vacíos de forma y fondo. Noticiasrcn.com consultó sobre el tema a Mauricio Jaramillo, analista político. 

¿Recomendaciones dirigidas a quién?

Entre una de las varias funciones que se establecen para la comisión, se habla de “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad, como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”.

Esto es claro, pero despierta dos preguntas importantes: ¿Para quién son las recomendaciones?, es decir, Gobierno, jueces, Fiscalía o presidente, y ¿quién tiene la última palabra para dar la orden de la liberación?

Frente a esto, Jaramillo respondió que las recomendaciones son para los jueces y quien tiene la última palabra para esa excarcelación es un juez, pues la liberación no la puede llevar a cabo el presidente, por la independencia de poderes que tanto se ha puesto en tela de juicio en los recientes días.

Precisamente hablando de este tema, el experto asegura que es preocupante para la división de poderes que dentro de los miembros de la comisión no haya delegados de la Fiscalía. “Y eso habla mal del Gobierno porque se sugiere la liberación desde la rama Ejecutiva y eso es una incidencia en la rama Judicial, ahora bien, eso fue una promesa de campaña y tiene que ser leído en ese sentido”, afirma.

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que hace parte de los miembros de la comisión, aseguró que el Gobierno acatará cualquier decisión judicial, especialmente frente a la posición de la cartera de no nombrar como voceros a personas que hayan sido condenadas. Una afirmación que propone que se respetará el poder de dicha rama.

¿Un beneficio para cualquiera? 

Por otra parte, el decreto indica que serán elegibles “quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social”. La pregunta entonces es si esto permite que cualquiera pueda ser acogido, sin importar su historial criminal.

Sobre esto, Jaramillo responde que no cualquier criminal podrá ser elegido “porque son voceros de paz para el conflicto social, entonces son solo las personas que sufrieron de tensiones durante las manifestaciones de mayo, junio y julio del 2021. No es que el presidente decrete una amnistía generalizada, sino que el Estado entiende que hubo una violencia desmedida y en ese sentido los jóvenes reaccionaron”.

¿Y si no cumplen sus funciones?

Otro de los apartados habla de retirar de su rol a los gestores en caso de que no cumplan sus obligaciones y para esto ejercer una vigilancia sobre sus labores: “recomendar la continuidad o exclusión como vocero en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”, se lee. Pero en caso de que sean retirados no se especifica qué pasará con ellos. Solo se habla de que en caso de reincidencias retornarán a la cárcel, pero de no ser así, y en caso de no cumplir con sus funciones, ¿quedarán libres?

Normalmente, si no cumplen con las funciones, los voceros obviamente tendrán que volver a la cárcel porque no se trata de un cheque en blanco, sino que el Gobierno reconoce que ellos fueron juzgados en circunstancias de un estallido social, pero no se trata de que tengan inmunidad, explica el experto.

Las incongruencias del decreto 

Finalmente, las dudas que deja este documento son extensas. Lo que más preocupa es la incidencia del Ejecutivo en la rama Judicial, un hecho que, según el analista, puede ser entendido desde dos perspectivas:

“Ya una vez un viceministro participó en la liberación de unos jóvenes. Es preocupante en un Estado como el colombiano, en el que existe una tradición del Ejecutivo opinando y teniendo injerencia en la rama Judicial. Es algo que ocurrió durante el gobierno de Uribe y de Santos, y que ocurra en una administración que lo criticaba tanto, es una alerta, pero también es una promesa de campaña y más de que haya dudas, es apenas lógico”.

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