"Lo que se ha logrado no es poco": Humberto de la Calle
El equipo negociador del Gobierno explicó que publicar los acuerdos busca aclarar rumores malintencionados.

Noticias RCN
05:37 p. m.
Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre la publicación de los acuerdos con las Farc hasta este momento en Cuba, el equipo negociador liderado por Humberto de la Calle ofreció una rueda de prensa para argumentar la decisión.
De la Calle aseguró que la determinación fue tomada para aclarar todos los rumores que se han generado en torno al proceso de paz, aclarando que muchos sectores opositores a los diálogos han utilizado el desconocimiento de los colombianos para desinformar.
"Tomamos la decisión de tomar el toro por los cuernos y hacer públicos los acuerdos", manifestó De la Calle.
Durante la rueda de prensa, el jefe negociador del Gobierno instó a los colombianos a comparar los anuncios que se han hecho con los documentos publicados este miércoles, para poder constatar la transparencia de lo que se le ha dicho al país. "Verán que hemos informado lealmente y deberán concluir que no hay nada oculto".
Humberto de la Calle enfatizó en que lo que se ha acordado no es poco, explicando con detalles los alcances plasmados en 65 páginas de acuerdos que se han conseguido hasta el momento.
El jefe negociador reconoció que aún hay puntos en los que se tienen diferencias con las Farc, pues el Gobierno no está de acuerdo con algunas salvedades hechas por la guerrilla al considerar que están fuera de la agenda general del proceso de paz. Sin embargo, aseguró que son temas que se tienen identificados para poder concluirlos.
Para finalizar, se reiteró que el principio que sigue rigiendo los acuerdos es que “nada está aprobado hasta que todo esté aprobado”, lo que quiere decir que “hasta que no haya acuerdo sobre todos los puntos en su conjunto, no hay un acuerdo definitivo sobre ninguno de ellos”.
Esta fue la explicación de Humberto de la Calle sobre los acuerdos publicados este miércoles:
I. El acuerdo sobre el punto 1 de la agenda lo denominamos “Hacia un nuevo campo Colombiano: reforma rural integral”.
Este acuerdo tiene cuatro pilares, que son de enorme importancia para la gente del campo:
1. El primero es el acceso y el uso de la tierra:
• Se acordó un fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Pero no se trata sólo de entregarle tierra al que no tiene, sino de darle “acceso integral”: que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica y apoyo para la comercialización, entre otros.
• El acceso a la tierra incluye también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierra, así como garantizar los derechos de propiedad. Se acordó impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, y la creación de una jurisdicción agraria para asegurar la protección judicial eficaz a los derechos de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo. Así impedimos el desplazamiento, resolvemos los conflictos, y sembramos paz.
• Este acuerdo mejorará el uso de la tierra. El Gobierno definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación y creará los incentivos necesarios para impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real, incluyendo la puesta en marcha de programas de reconversión. También la formación y actualización del catastro y la puesta al día del predial (“el que más tiene, más paga”) creará los incentivos para darle un uso más productivo a la tierra. Se fortalecerá la participación ciudadana en la planificación del ordenamiento del territorio, y se facilitará el diálogo entre gobierno, comunidades rurales y sector privado.
• También acordamos delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental: avanzaremos en un plan de zonificación ambiental que haga compatible el interés de preservación con las alternativas económicas de las comunidades y de desarrollo del país y promueva diferentes planes de desarrollo que contribuyan a la preservación ambiental.
2. El segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial. Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación. Se construirán de manera participativa planes de acción para la transformación regional.
3. Un tercer pilar son planes nacionales que deberán lograr una reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50% y la eliminación de la pobreza extrema, en un término de 10 años. Estos planes buscan poner el campo colombiano en un camino de convergencia con la calidad de vida en las ciudades y garantizar los derechos de sus habitantes, mediante la provisión de bienes y servicios públicos en infraestructura (vías, distritos de riego, electricidad, conectividad), desarrollo social (planes especiales de salud, educación, vivienda y agua potable para el campo,) y estímulos de todo tipo a la productividad de la agricultura familiar (asistencia técnica, promoción del cooperativismo, líneas especiales de crédito, seguros subsidiados de cosecha, asociaciones solidarias para la comercialización, entre otros) y la formalización laboral.
4. El cuarto y último pilar es un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional, que a juicio de las Farc debería ser de soberanía alimentaria: se fortalecerán los mercados locales y regionales, se harán campañas para un manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se aplicarán programas especiales contra el hambre. Crearemos consejos de seguridad alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales y pondremos en marcha toda una institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades.
II. El acuerdo sobre el punto 2 de la agenda lo denominamos: “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”.
El acuerdo está construido sobre tres pilares:
1. El primero es una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política como mecanismo para consolidar la paz luego de la terminación del conflicto.
Se trata de facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos. Se acordó hacer los cambios necesarios para que el reconocimiento y conservación de la personería jurídica no dependan de la obtención del umbral exigido para las elecciones de Congreso, facilitando así de manera transitoria apoyos por parte del Estado para las nuevas fuerzas que aparezcan.
Acordamos la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas regiones podrán elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales. (El número de regiones, curules y periodos electorales aún no se han acordado).
La apertura requerirá de mayor participación electoral. Para ello se acordaron unas medidas especiales para promover el voto. Esto también exige el fortalecimiento de la transparencia: se acordaron medidas para fortalecer la transparencia del sistema electoral, así como la revisión integral de la organización electoral para dar esas garantías. Para esto último se acordó la conformación de una misión de expertos de alto nivel, que presentará sus recomendaciones al Gobierno para que este haga los ajustes normativos e institucionales necesarios.
Por último, se acordó poner en marcha medidas para la participación de la mujer y promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político. El fin del conflicto implica que los antiguos enemigos dejen de tratarse como tales y se traten como adversarios políticos.
2. El segundo pilar es una mayor participación ciudadana para consolidar la paz, en el espíritu de la Constitución del 91.
Para ello se acordaron toda una serie de medidas: el desarrollo de una Ley de Garantías para las organizaciones y movimientos sociales; medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatización y reconciliación; garantías para la protesta social, tanto para quienes se manifiesten como para los demás ciudadanos; promoción de espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios, para dar a conocer las actividades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil; revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes de desarrollo, en particular del funcionamiento de los Consejos Territoriales de Planeación; fortalecimiento de la participación en la construcción de políticas públicas y fortalecimiento del control ciudadano a la gestión pública mediante la promoción de veedurías y observatorios de transparencia en todas las regiones.
3. El tercer pilar -y la idea fundamental del fin del conflicto- es asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas: que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Y que quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de la violencia.
Todos quienes ejercen la política deben tener la seguridad que no serán víctimas de las armas. Para ello se acordó que el Gobierno establecerá un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política en un marco de garantías de los derechos y libertades. Un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Y convinimos un mecanismo legítimo con participación de las organizaciones políticas nacionales, para que en ese espacio se le dé vida al Estatuto para la Oposición.
III. El acuerdo sobre el punto 4 de la agenda lo denominamos: “Solución al problema de las drogas ilícitas”.
Este acuerdo tiene cuatro componentes básicos:
1. La sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos: Por primera vez en Colombia se pondrá en marcha un Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo de alcance nacional con un enfoque de desarrollo rural y construido sobre la base de la participación de las comunidades. El programa busca no sólo resolver definitivamente el problema de los cultivos ilícitos sino transformar esos territorios en beneficio de todos sus habitantes, en una lógica de integración territorial e inclusión social.
Se pondrán en marcha procesos de planeación participativa para que las mismas comunidades, de la mano de las autoridades, construyan una visión conjunta de sus territorios, identifiquen sus necesidades y propongan proyectos y soluciones que quedarán plasmados en planes comunitarios y municipales de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo. Se trata de forjar una nueva alianza entre las comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y municipales para construir soluciones conjuntas a los problemas de las comunidades.
También se pondrán en marcha planes de asistencia inmediata para los cultivadores. En los casos donde algunos cultivadores incumplan sus compromisos o no quieran participar en el Programa, el Gobierno erradicará los cultivos de forma manual. Y que en los casos excepcionales donde ni siquiera sea posible la erradicación manual porque las circunstancias no lo permiten -cosa que esperamos que no ocurra en un escenario de fin del conflicto-, el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión.
Para lograr eficacia y éxito de este programa se acordó un programa de desminado de las áreas del territorio nacional, al que las Farc también contribuirán con la provisión de información, entre otros.
2. La prevención y tratamiento del consumo. En el acuerdo se reconoce que el tema del consumo de drogas ilícitas es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario. Se acordó crear por una parte un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas que articule a las autoridades para prevenir y abordar el problema del consumo y manejar las variables en él involucradas, política que debe ser participativa; y por otra, un “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social”.
3. La lucha contra el narcotráfico. Se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones. El Gobierno se comprometió a “intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto (…) y en general de desarticular las redes de estas organizaciones”. Con ese fin se pondrá en marcha una estrategia de política criminal y una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos en todos los sectores de la economía, así como contra el tráfico de insumos.
El Gobierno promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia.
4. Por último una serie de compromisos. El Gobierno se comprometió a “poner en marcha las políticas y programas de este punto”; y las Farc se comprometieron a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Ambos manifestaron “su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” y se comprometieron “a contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos”.
NoticiasRCN.com