Mineducación ordena investigar a Universidad IDEAS por irregularidades

Pago de gastos personales como recibos de servicios públicos, cánones de arrendamiento de apartamentos en varias ciudades del país; el pago de tarjetas de crédito, préstamos educativos, celulares y hasta servicios de peluquería a miembros del Consejo Superior por más de $ 315 mil millones, fueron algunas de las irregularidades que encontraron investigadores del Ministerio de Educación Nacional en la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.

En 2015 el Ministerio recibió denuncias por parte de la comunidad educativa sobre presuntas irregularidades académicas, financieras y administrativas en esta institución educativa. Desde entonces la Entidad aplicó una serie de medidas preventivas, sin embargo en nuevas visitas de inspección y vigilancia que se desarrollaron este año, se detectaron nuevas irregularidades y posibles manejos indebidos de los recursos de la Corporación.

De acuerdo con el Ministro de Educación (e) Francisco Cardona, entre los nuevos hallazgos se encontró que la institución incumplió el Plan de Mejoramiento que se comprometió a implementar en el año 2015, no entregó información financiera y administrativa y presuntamente incurrió en manejos indebidos de recursos que debían destinarse exclusivamente a garantizar la calidad educativa.

El Ministro (e) Cardona también llamó la atención sobre el caso relacionado con el programa de Derecho dictado en la Cárcel La Picota, en el que la Corporación IDEAS no sólo ofreció, sino que adelantó este programa en las sedes de este centro carcelario de Bogotá, sin contar con registro calificado o autorización del Ministerio.

"Le negamos en dos ocasiones en los años 2012 y 2013, la autorización de ofrecer este programa. Y aun así graduaron y dieron títulos de abogado a 22 estudiantes, dentro los cuales 11 hacen parte del programa Justicia y Paz, quienes pagaron por este servicio la suma de $3.225.000 semestrales durante 8 periodos, es decir, cada uno de ellos pagó la suma de $25´800.000", agregó Cardona.

Así mismo, el Ministerio encontró entre otros hallazgos la firma de nueve convenios en los últimos años para promover la movilidad académica, la investigación, extensión e internacionalización, los cuales nunca se ejecutaron. Uno de los convenios suscritos se efectuó con WEB Services Mercuri Pro por valor de $125 millones. Dicho convenio nunca se ejecutó.

En las investigaciones también se encontró que la persona que ocupaba el cargo de Director Administrativo y Financiero también fungía como Secretario del Consejo Superior, Decano de la Facultad de Contaduría, Contador y Revisor Fiscal de la Institución, lo que lo inhabilitaba para el control financiero de la institución.

Ante los hallazgos, Cardona anunció que el Ministerio de Educación extremó las medidas preventivas contra la Corporación IDEAS, con el fin de garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio ordenó la apertura de quince investigaciones administrativas contra los miembros del Consejo Superior, los miembros del Consejo Académico, la Rectora y el Director Administrativo y Financiero.

Dichas acciones dejan hasta el momento como resultado la formulación de cuatro pliegos con más de 30 cargos, entre los que se encuentran: manejo indebido de los recursos de la institución, falsedad de la información financiera y contable, falsedad en los documentos institucionales, prestación de programas sin autorización del Ministerio.

Así mismo, el ente ministerial ordenó a la Corporación la constitución de una fiducia con el fin de garantizar que todos los recursos de la institución sean invertidos exclusivamente en la educación de los alumnos de la institución.

De igual forma, se dispuso la presencia de dos delegados especiales, ante todos los órganos de dirección de la Corporación para evitar posibles malos manejos.

El Ministerio advirtió que si corrobora las irregularidades encontradas en la Corporación IDEAS, ésta se verá sometida a millonarias multas que podrían llegar hasta los mil salarios mínimos legales vigentes ($689.454.000), y/o la suspensión o cancelación de la personería jurídica.

En ese sentido, los directivos asumirían multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes ($344.727.000), y/o la suspensión o remoción de sus cargos, y la inhabilidad hasta por 10 años para desarrollar actividad en el sector educativo en el país.