¿Qué va a pasar con la licitación de los pasaportes en Colombia? Procuraduría revela detalles
La Cancillería y Thomas Greg & Sons entrarán en conciliación por la licitación declarada desierta.
Noticias RCN
10:10 a. m.
La Procuraduría General anunció que el próximo 30 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Thomas Greg & Sons entrarán en conciliación por la licitación de los pasaportes. El encuentro se llevará a cabo a las 09:30 a.m. en la sede del órgano de control.
El órgano de control informó que la compañía proveedora de los pasaportes pretende que la Cancillería revoque la declaratoria desierta que se hizo de la licitación para encargarse de proveer los pasaportes al Gobierno.
"La multinacional alega la vulneración a sus intereses y derechos al haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato, e interpuso una solicitud de conciliación", informó la Procuraduría.
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Si la Cancillería no adjudica el contrato con esa empresa, Thomas Greg & Sons buscará que el Ministerio le pague más de $107.000 millones.
Según la Procuraduría, la empresa está argumentando que se cometieron “actuaciones administrativas ilegales y falsa motivación en las resoluciones 7485 y 7540 al no existir situaciones que impidan una escogencia objetiva del adjudicatario y como consecuencia no había lugar a la declaratoria de desierta”.
Procuraduría hizo un llamado sobre licitación
El ente de control aseguró que ya se habían hecho alertas y llamados en medio del proceso licitatorio y que su contrato tiene un valor de $600.000 millones.
Thomas Greg & Sons ha sido la empresa que ha mantenido la licitación de la fabricación de los pasaportes colombianos por más de diez años. En medio de la nueva licitación, otros oferentes habían argumentado que las condiciones que se estaba exigiendo en el proceso favorecían a Thomas Greg & Sons.
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En su defensa, la multinacional argumentó que se le estaban vulnerando sus derechos: “Un perjuicio de sus derechos económicos, tal y como lo advirtió la Procuraduría (…) donde expresó que las actuaciones del Fondo podrían generar un daño antijurídico al proponente”.
Se estima que en el encuentro las partes logren llegar a un acuerdo para así definir qué pasará con el proceso licitatorio.