¿Por qué estos cinco exfuncionarios resultaron implicados en el escándalo de Odebrecht?

La constructora Odebrecht, protagonista de un esquema de corrupción que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países, ha salpicado en Colombia a varios políticos y empresarios que se han visto envueltos en procesos judiciales en los últimos años.

La empresa brasileña, fundada en 1944 en el estado nordestino de Bahía, ya ha sido condenada a pagar multas por corrupción en varios países, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

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En Colombia, Odebrecht recibió en diciembre pasado una multa de unos 50 millones de dólares por una trama de corrupción en torno a la adjudicación de la Ruta del Sol tramo II, una carretera de 523 kilómetros que conecta el centro con el norte del país, y que hasta la fecha tiene a varias personalidades en la mira de la justicia.

Gabriel Ignacio García Morales

El exviceministro de Transporte durante el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe, fue el primer detenido por el caso Odebrecht en Colombia y ha sido una pieza clave en la investigación. En un proceso penal, resolvió contar la verdad y confesó haber recibido 6.5 millones de dólares con el fin de adjudicar el contrato de la Ruta del Sol II para favorecer a Odebrecht.

El funcionario fue condenado en 2017 a una pena de cinco años y dos meses de prisión por los delitos de cohecho e interés ilícito en la celebración de contratos. Sin embargo, luego de firmar un preacuerdo y un principio de oportunidad, se convirtió en testigo para colaborar con la Fiscalía, entidad que a su vez estableció que Marcelo Odebrecht, presidente de la firma brasileña, destinó 11.5 millones de dólares para contratos de infraestructura.

García Morales quedó en libertad condicional desde el pasado 15 de diciembre de 2020, luego de cumplir la mayor parte de su pena, y desde marzo de 2020, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue beneficiado con casa por cárcel. El exfuncionario, quien permanecía recluido en la cárcel de Corozal, Sucre, fue trasladado por orden de un juez de ejecución de penas a su residencia ubicada en Cartagena.

Luis Fernando Andrade

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fue imputado por la Fiscalía General de la Nación el pasado 1 de marzo por el delito de peculado por apropiación, además del de interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de la investigación que actualmente pesa en su contra como parte del escándalo de Odebrecht.

Según lo expresado por el representante del ente acusador, Andrade sería responsable de la comisión de actos irregulares encaminados al favorecimiento de la Empresa Yuma concesionaria, entidad que para el momento participaba de la licitación para hacerse con un contrato para la elaboración de los estudios y diseños del puente vehicular a construir entre lo municipios de Plato y Zambrano en el llamado Proyecto Ruta del Sol III, contrato otorgado a través de los otrosi 02 y 05.

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Otto Nicolás Bula Bula

El exsenador del Partido Liberal, según lo acreditó la Fiscalía, fue quien ‘prendió el ventilador’ de Odebrecht y era el cerebro de las reuniones clandestinas entre los directivos brasileños de la compañía y funcionarios del gobierno Santos para presuntamente coordinar la entrega de dinero para la adjudicación de proyectos.

En juicio, aceptó los delitos imputados por la Fiscalía, entre ellos enriquecimiento ilícito y cohecho, y fue condenado a cinco años de cárcel desde enero de 2017. Sin embargo, el pasado 11 de febrero de 2021, un juez de ejecución de penas de Bogotá le otorgó el beneficio de casa por cárcel.

El beneficio de la casa por cárcel fue otorgado a Bula, después de que el exsenador del Partido Liberal cumpliera las tres quintas parte de la condena inicialmente establecida de 66 meses de presión.

A lo anterior se suma que ha servido de testigo y ha colaborado con las autoridades judiciales en múltiples procesos relacionados con el escándalo de Odebrecht y del ‘Cartel de la Toga’, considerado como testigo clave en estos procesos.

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Bernardo Miguel el ‘ñoño’ Elías

El exsenador fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años y ocho meses de cárcel luego de aceptar cargos por tráfico de influencias y cohecho, al recibir parte de las coimas en la corrupción que desató Odebrecht en Colombia.

A finales de febrero, afirmó que Juan Manuel Santos sí se reunió, previo a la segunda vuelta electoral de 2014, con el empresario y cabeza de la multinacional brasileña, Eleuberto Martorelli. La cita referenciada por Elías fecha el ingreso de Eleuberto Martorelli a la Casa de Nariño el día 24 de febrero de 2014 a las 2:14 p.m., con egreso a las 3:44 p.m.

Además, el testigo de la Fiscalía dijo que Martorelli estuvo en la posesión del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que había un interés del Gobierno para adjudicar el contrato.

'El Ñoño' Elías ha sido interrogado por las partes procesales que actúan en el juicio oral y la posible influencia que tuvo el expresidente de la multinacional brasileña en Colombia para influenciar y obtener millonarios contratos de infraestructura en el país.

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José Roberto Prieto

El exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, está próximo a ser imputado a por el delito de lavado de activos. Había sido condenado a cinco años por otros delitos, pero no por lavado de activos, que puede tener una pena entre diez y más de veinte años.

A Prieto se le señala de presunta participación en hechos irregulares en el interconector Canoas, la Ruta del Sol tramo III y otros casos relacionados con la multinacional brasileña.

Después de concentrar la investigación en un cuerpo élite especializado en el caso de Odebrecht, a lo largo del último año, la Fiscalía dijo tener pruebas suficientes que demuestran que Roberto Prieto intervino activamente para lograr el contrato de la Ruta del Sol y que se habría quedado con el 10 %, equivalente a más de 500 millones de pesos que fueron a parar a sus cuentas personales.

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Mediante distintos testimonios y, sobre todo, inteligencia financiera, las autoridades, en cabeza de la Fiscalía, aseguran tener la certeza de que Prieto recibió en efectivo y también en transacciones bancarias ese dinero proveniente de un subcontrato que, según el ente investigador, nunca se ejecutó.

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