Procuraduría pone la lupa sobre borrador de decreto que cambiaría la compra de VIS y VIP

El Ministerio Público sigue de cerca el proyecto que le pone topes al valor de la vivienda y los cambios en la fijación del precio.


Compra de vivienda.
Compra de vivienda. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 09 de 2026
12:37 p. m.
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Un anuncio del Gobierno que ha hecho eco es, sin duda, los ajustes que tendría la compra de viviendas VIS y VIP. Mediante un borrador de decreto, puso sobre la mesa la propuesta de que no se venda bajo el salario mínimo sino con una cifra que se pacte desde el primer momento del negocio.

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En caso de que sea una realidad, el comprador deberá tener constancia del valor desde el día uno. Partiendo de eso, a lo largo del proceso, el precio no se reajustaría en salarios mínimos ni demás variables; sino que sería un único número hasta el final.

La propuesta: valor en pesos no cambiante y topes

La única forma en la que los valores cambiarían es si hay motivos de corte extraordinarios con efectos en los insumos y soportados por el ICCE. Si un vendedor no se rige con estos lineamientos, cometería una práctica abusiva con sanciones.

“El precio de la vivienda debe informarse en pesos colombianos y el consumidor solo estará obligado a pagar el valor informado al momento de manifestar su voluntad de compra”, esto contempla el decreto.

Aparte de este punto, otro crucial serían los precios máximos. Para las VIS, no se podrían superar los 135 salarios mínimos y en el caso de las VIP, el techo sería de 90.

Procuraduría pide que el proyecto tenga garantías

La Procuraduría puso su atención e instaló la primera mesa en pro de examinar anticipadamente los efectos que traería ponerle topes. El Ministerio Público fue enfático en mencionar que debe haber garantías y seguridad jurídica para los proyectos que van viento en popa.

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Asimismo, indicó que se debe poner bajo consideración la sostenibilidad del sector y las familias que podrían sacarle provecho. Por eso, la primera decisión que tomó fue evaluar los alcances del decreto, particularmente en cuanto a las consecuencias de corte jurídico, económico y social.

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