Procuraduría pide a la Corte Constitucional tumbar el decreto de emergencia social en La Guajira

Es “inadmisible la pretensión del presidente de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimado las medidas a su alcance dispuestas por el legislador, las instancias técnicas del Ejecutivo y la Corte Constitucional para atender en el corto, mediano y largo plazo la situación estructural que afecta a la región”, dijo la Procuraduría al tribunal refiriéndose al decreto firmado por Gustavo Petro. 

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En julio, el mandatario colombiano había acudido a esta zona del país para anunciar que declararía la emergencia económica, social y ecológica, tanto en el área urbana como en la rural. Esta decisión duraría 30 días y le permitiría al Gobierno ejercer facultades para dictar normas con fuerza y rango de ley, destinadas al manejo de crisis y la minimización de sus efectos. En este punto, el órgano de control no está de acuerdo, pues asegura que es un intento de la administración por asumir las funciones del Congreso. 

La petición del Ministerio Público a la Corte fue clara: que declaren la inexequibilidad del decreto 1085 del 2023, para “restablecer el orden superior vulnerado por el Gobierno Nacional al declarar el estado de emergencia en el departamento”.

¿Por qué el Gobierno decretó emergencia económica en La Guajira?

La situación en este departamento es crítica, pero este no es un problema de ahora. La Procuraduría resalta que es una cuestión estructural, en la que la falta de agua y la desnutrición infantil parecen ser la cara más visible.

El sistema de salud en la zona está bajo la lupa de la superintendencia. El ente de control realizó auditorías a cinco EPS en las que se reportaron 14 de los 27 casos reportados de mortalidad por desnutrición durante este año. Varios sectores del departamento recibieron especial atención: Uribia, que tuvo 226 niños con desnutrición, Riohacha, 162, Manaure, 133 y Maicao, 122.

Los funcionarios encargados alertaron por la falta de seguimiento de los casos. “No se está asumiendo la responsabilidad de los reportes, ni haciendo un ejercicio de asistencia técnica de la Secretaría Departamental a las secretarías municipales para fortalecer las competencias de inspección y vigilancia”, dijo Patricia Lozana, superintendente delegada para entidades territoriales

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