¿Qué pasa con la paz total tras la aprobación de ley de orden público?

Este 10 de octubre se conoció que las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley de orden público.

La iniciativa fija el marco legal para implementar la llamada “paz total” de Gustavo Petro y las reglas para negociaciones con grupos criminales. 

Adicionalmente, contempla que las Organizaciones no gubernamentales puedan tener contacto con la población afectada y abre la puerta para entablar diálogos con las Disidencias de las Farc, pero en este caso, será el Gobierno el que conduzca cómo sería esta ruta. 

Es de mencionar que el caso de Iván Márquez entraría en un tratamiento diferencial, puesto que sería entre negociaciones de paz y sometimiento. 

También se mantendrá la suspensión de órdenes de captura a miembros de grupos armados que funjan como negociadores. Esta medida estará vigente hasta que se resuelva la situación jurídica y por el momento, estarán en zonas de privación de libertad y quedarán en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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En diálogo con Noticias RCN, el senador Iván Cepeda, ponente del proyecto, explicó, en detalle, en algunos puntos de la ley.  

“En el proyecto que fue aprobado ayer en primer debate hay un extenso artículo que consagra muy claramente la diferencia que hay entre un proceso de naturaleza política, que lleva a un acuerdo de paz y, en segundo lugar, lo que puede ser entendido como un acercamiento, un sometimiento o un acogimiento a la justicia por parte de grupos armados. Ahí hay un procedimiento paso a paso que señala cómo debe operar ese proceso”, indicó Cepeda. 

Los beneficios que tendrán los integrantes de grupos criminales

Uno de los puntos polémicos que tiene esta ley habla sobre los beneficios que tendrán los integrantes de los grupos criminales al permitir que se queden con el 10% de los bienes que han adquirido como producto de sus acciones ilegales. 

Sobre esto, el senador señaló que “si hay que crear incentivos, pero no significa de ninguna manera cheques en blanco, ni impunidad, pero sí la posibilidad de dar o abrir una puerta para que todos estos grupos entreguen los bienes ilícitos que tienen, reparen las víctimas, desmonten las economías ilícitas y eso permita realmente la paz total en los territorios”.  

Cepeda también aseguró que aún no se ha determinado cuántos años de cárcel pagarían quienes han estado, por años, al margen de la ley y que ahora podrían acogerse al llamado del Gobierno debido a que “se está pensando en otra norma”, pero aclaró que “cualquier beneficio jurídico no será nada que no haya figurado ya en normas preexistentes en Colombia”. 

¿Cuál será el rol de las ONG?

“Lo que se ha hecho en esta ley es posibilitar que las organizaciones humanitarias que tienen reconocimiento en Colombia, como se sabe, esas organizaciones, si son internacionales, no pueden estar en nuestro territorio sin una previa organización del Gobierno, tengan todas las posibilidades de realizar su labor con garantías, por ejemplo, hay territorios donde están enfrentados 13 grupos simultáneamente y en medio de ese fuego, está la población, así que las personas que están haciendo labores humanitarias y arriesgando su vida, deben tener garantías y poder mediar, pero eso no significa entablar una mesa de negociación”, añadió. 

Finalmente, aseguró que no se ha establecido una fecha exacta para iniciar los diálogos con el ELN, pero que se dice el proceso iniciará la segunda semana de noviembre. 

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