¿Qué significa la decisión sobre el decreto de emergencia en La Guajira?

La Corte Constitucional tumbó el decreto que el Gobierno Nacional emitió hace dos meses para declarar la emergencia económica, social y ambiental en La Guajira. Los magistrados estudiarán, uno a uno, los 11 decretos que expidió el presidente Gustavo Petro para atender la crisis en esta región del país.

En el decreto 1085 de 2023 se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. El Gobierno dio prioridad a once sectores con el fin de enfrentar la crisis humanitaria y mitigar los fenómenos climáticos en la región:

• Modelo de salud propio e intercultural
• Agua y​ saneamiento básico
• Secto​r agropecuario y rural
• Prioriza​ción del uso del recurso hídrico
• Cobertura y calidad educativa
• Subsidios en materia de energía
• Ampli​ar infraestructura aérea
• Tribu​tos e inversiones
• Atenci​ón a familias con niños en primera infancia
• Tecno​logías de la información
• Medidas presupuestales, planeación y contratación

En contexto: Corte Constitucional tumbó la emergencia económica, social y ecológica para La Guajira

Sin embargo, tras un largo debate, la Corte Constitucional lo declaró inexequible, es decir, tumba la emergencia decretada por el presidente Gustavo Petro y otorga efectos diferidos: "Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”.

¿Qué decretos se mantienen tras decisión de tumbar la emergencia económica, social y ambiental en La Guajira?

Esto quiere decir que las medidas que tengan relación con el agua seguirán vigentes por un año, mientras son revisadas por la corte. Entre ellas, las que se derivan del decreto principal, como el 1250, con el que se pretende garantizar el acceso al agua para consumo humano y saneamiento básico a todas las personas que habitan en La Guajira, además plantea que el Ministerio de Vivienda sea el ente rector de la política de agua potable.

El decreto 1277, el cual establece medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible, con el propósito de contribuir al aumento de la disponibilidad del agua con fines de consumo humano, doméstico y de subsistencia.

Y el decreto 1268 que plantea medidas para la recuperación de las salinas marítimas de Manaure.

¿Qué pasará con los demás decretos de emergencia en La Guajira?

Se estudiarán los otros decretos para tomar decisiones individuales. Entre ellos, la creación de una universidad indígena, medidas temporales para la reactivación del turismo como no incluir IVA en ventas, conformar centros de atención primaria de salud y focalizar recursos de regalías para proyectos de inversión en el departamento, y el cobro de 1.000 pesos en la factura de luz desde el estrato cuatro.

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Expertos explicaron qué podría pasar con los once decretos que serán objeto de estudio. 

Para Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, aunque se adelanta el proceso de revisión automática, se debe concluir con la declaratoria: “Creo que yo la existe la posibilidad de que la Corte al estudiar cada uno de esos decretos pueda decir que hay una inconstitucionalidad que se declare con efectos inmediatos”.

En el mismo sentido se pronunció el profesor de derecho constitucional Germán Lozano Villegas. Dijo que los decretos deberían ser declarados inconstitucionales “sin embargo, llama la atención que la nota de prensa utiliza la figura de diferir los efectos del fallo hasta julio del año entrante, de 2024, para los decretos que tienen que ver con la crisis humanitaria en agua”.

“El decreto 1085 del 2 de julio de 2023 sigue rigiendo por un año respecto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua, entonces hay que examinar cada decreto para saber si tiene relación con esta disponibilidad de agua”, señaló Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

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En la decisión comunicada por la Corte Constitucional también se exhorta al Congreso para que tomen medidas urgentes que garanticen agua y saneamiento básico en la Guajira.

Entre tanto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que el Gobierno respeta la decisión: “Nos dan un año para utilizar los instrumentos que hemos planteado en los decretos de emergencia y al cabo del año tenemos que tener la listas las leyes que mantengan una acción continuada sobre La Guajira, respetamos la decisión de la corte y nos adecuamos a esa decisión”.