El cierre de rutas en Panamá dejó a San Andrés a merced de las mafias migratorias: Procuraduría
El reciente bloqueo de rutas migratorias en Panamá está exponiendo al archipiélago de San Andrés a un inminente incremento en el tránsito ilegal de migrantes, según las alertas de las autoridades colombianas.
Noticias RCN
12:07 p. m.
Recientemente, el 5 de julio, el gobierno panameño anunció el cierre de tres de sus pasos fronterizos, rutas utilizadas frecuentemente por migrantes irregulares que intentan cruzar a través del Darién hacia Centroamérica.
Esta medida ha encendido alarmas en Colombia, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que ahora podría convertirse en un corredor alternativo para los flujos migratorios.
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La decisión de Panamá responde al creciente tráfico de migrantes que atraviesan el tapón del Darién, una de las rutas más peligrosas del mundo para quienes buscan llegar a Norteamérica.
Sin embargo, este cierre ha dejado pocas opciones para los migrantes, que podrían optar por rutas marítimas más inseguras, poniendo en riesgo la estabilidad del archipiélago colombiano.
El cierre de fronteras en Panamá podría desatar una crisis migratoria en San Andrés
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su preocupación por las posibles consecuencias que el cierre de estos pasos fronterizos en Panamá podría tener para el archipiélago de San Andrés.
En sus declaraciones, advirtió que esta zona podría ser utilizado como una nueva ruta por los 'coyotes' y redes de tráfico de personas, que buscarían evadir los controles fronterizos más estrictos.
El contexto no podría ser más alarmante, pues apenas cuatro días después del anuncio de Panamá, se produjo el naufragio de una embarcación que transportaba a 20 migrantes en las inmediaciones de San Andrés.
Ese accidente dejó un saldo trágico de una persona fallecida, cuatro desaparecidos y 15 rescatados.
¿Cómo han respondido las autoridades ante el aumento de migrantes en San Andrés?
La procuradora Margarita Cabello resaltó los esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad colombianas, como la Policía Nacional y la Armada Nacional, en el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría para controlar la situación migratoria.
No obstante, criticó la falta de una respuesta contundente por parte de otras entidades gubernamentales, señalando en particular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuya actuación frente a la protección de los menores migrantes ha sido, en sus palabras, insuficiente.
Hasta la fecha, la Armada Nacional ha rescatado a 1.347 migrantes en operaciones marítimas, de los cuales 272 son niños, niñas y adolescentes, una población especialmente vulnerable en estos tránsitos.
Finalmente, entre las medidas urgentes que Cabello Blanco demandó, destaca la necesidad de una mayor coordinación entre la Oficina de Control y Circulación y Residencia (OCCRE) y Migración Colombia.
Esta deberá enfocarse en un control migratorio más efectivo y permanente, que permita prevenir el establecimiento de nuevas rutas ilegales en el archipiélago y proteger a las poblaciones más vulnerables.
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