Supersociedades convoca a liquidación judicial de filiales de Odebrecht
La sucursal de la Constructora Norberto Odebrecht y la sociedad Odebrecht Latinvest Colombia fueron sometidas a control de Supersociedades en 2017.
Reuters
10:24 p. m.
La Superintendencia de Sociedades decidió convocar a un proceso de liquidación judicial sobre la sucursal de la sociedad brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S.
La liquidación judicial de una sociedad es un proceso que se adelanta ante un juez civil o ante la Superintendencia de Sociedades si es del caso, mediante el cual se pretende poner fin a la actividad comercial y a la representación jurídica de una empresa.
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Mediante este procedimiento, generalmente, se busca convertir en dinero los bienes y activos de la empresa, para que puedan ser distribuidos entre los acreedores de forma garantizada o en últimas adjudicar estos, a fin de atender el pasivo hasta el monto total de los activos.
"La decisión se toma con base en la situación económica crítica que atraviesan las sociedades a la fecha, que se resume en importantes disminuciones de sus activos, incremento de sus pasivos y patrimonios negativos", dijo un comunicado de la Superintendencia.
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Tanto la sucursal de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. como la sociedad Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S, dedicada a actividades de distribución de fondos, fueron sometidas a control de la Supersociedades en 2017, en ejercicio de las facultades que tiene la entidad.
En Colombia, la firma de construcción es acusada de pagar millonarios sobornos a cambio de contratos de infraestructura, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
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La compañía brasileña ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción en América Latina desde que reconoció en 2016 que sobornó a funcionarios en una decena de países.
La constructora recibió previamente millonarias multas y sanciones de tribunales y organismos de control por los sobornos pagados en Colombia, en una cadena que involucra a empresas nacionales y extranjeras, además de políticos y funcionarios, según la Fiscalía General.