¿Colombia, nueva oportunidad? Un país decidió no organizar la Copa América 2024

El presidente del máximo organismo del fútbol de Ecuador, Francisco Egas, dijo que su país no está en condiciones de organizar una Copa América en un futuro cercano, según una entrevista divulgada por la prensa.

"Los eventos son cada vez más grandes y cada vez más exigentes. Hoy el Ecuador, me animo a decir, no tiene estadios en condiciones", dijo el miércoles Egas a radio La Red de Quito.

Aunque destacó que la Copa Libertadores femenina de este año fue un "éxito", el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) insistió en que los escenarios deportivos del país "no están a la altura de lo que exige hoy una Copa América".

"En algún momento se rotaban las sedes por todos los países, después eso quedó como un acuerdo tácito. Hoy me parece que no depende de eso, depende más de las condiciones que uno tenga para organizar un evento de esta magnitud", expresó Egas.

La última vez que Ecuador albergó una Copa América

La última vez que Ecuador albergó una Copa América fue en 1993, y de acuerdo con el sistema de rotación le correspondería organizar la de 2024. 

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"Es un evento para el cual hoy no estamos preparados y hay que ver si mañana podríamos estarlo", agregó el presidente de la FEF, recalcando que la organización de una Copa América demanda una gran inversión económica.

La pandemia de covid-19 alteró el calendario y el certamen que debía jugarse en 2021 en Argentina y Colombia cambió de sede a Brasil, que en ese momento contaba con la infraestructura necesaria tras albergar el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

"El Ecuador tiene una situación social que demanda la prioridad del gobierno", señaló Egas, explicando que frente a las necesidades sociales el fútbol "pasa a segundo plano".

Ecuador además enfrenta problemas de seguridad ligados a la actividad de grupos narcotraficantes, que la semana pasada lanzaron una ofensiva con balaceras y coches bomba en gasolineras y estaciones de policía como represalia por la reubicación carcelaria de más de 2.400 reclusos.

Los ataques, que dejaron ocho muertos, obligaron al Ejecutivo a decretar un estado de excepción en tres provincias del país, las más golpeadas por el narco.

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