Disputa por el Metro de Bogotá podría poner en riesgo obras clave para la capital

La incertidumbre por el futuro del Metro de Bogotá aumentó luego de las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con la advertencia que le envió a la Alcaldía Mayor de una posible revisión a otras obras del Distrito financiadas en un 70% por el gobierno y que podrían estar en riesgo, en caso de “no aceptar las modificaciones que propone el gobierno” en el marco jurídico para la construcción subterránea de la primera línea del metro.

Un desacuerdo que se ha trasladado de la obra del Metro de Bogotá a otros seis proyectos avalados en cerca de $10 billones de pesos, que estarían en riesgo de detenerse debido a que son cofinanciados por el gobierno.

Entre las cuales se encuentran: la segunda línea del Metro de 15,5 kilómetros de construcción; Regiotram Norte, el tren que conectará a la capital con el municipio de Zipaquirá; la ampliación de la Avenida Calle 13; tres proyectos de TransMiCable que pretenden la construcción de tres cables aéreos, dos desde el centro histórico de la capital que beneficiará a las localidades de Santa Fe y La Candelaria y otro que conectará Ciudad Bolívar y Soacha.

Tan solo en los proyectos de TransMiCable se necesitan $1.2 billones de inversión para las obras que beneficiarán a más de 300.000 personas al día y mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, con los 3.4 kilómetros de recorrido que conectaría a la localidad de Ciudad Bolívar con el municipio de Soacha.

Entre todas las obras se estima una inversión de cerca de $10 billones de pesos, de los cuales el gobierno financia el 70%, por lo que detener los proyectos o demorar los recursos puede tener graves afectaciones en los planes de infraestructura de la capital.

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Sobrecostos, consecuencias tributarias, demoras

Al respecto, la Cámara Colombiana de Infraestructura se pronunció sobre la posición del Gobierno Nacional y advirtió sobre las posibles consecuencias que enfrentarían los ciudadanos con la detención del megaproyecto.

“En la medida en que la entrada en operación de una primera línea del metro significa una solución a la movilidad de los bogotanos, en esa misma medida -si el proyecto sigue dilatándose indefinidamente serían aquellos ciudadanos que usualmente se movilizan en transporte público los principales afectados por una decisión de esta naturaleza”, afirmó el presidente Juan Martín Caicedo.

Además, se refirió a que ese 70% de financiación de las obras son destinados de los recursos de la nación, y por lo tanto, son los recursos propios de los ciudadanos los que estarían siendo afectados, teniendo en cuenta que los sobrecostos podrían llegar a ser de hasta $13 billones de pesos.

Por último, la CCI recalcó que el 25% del recaudo tributario de la nación proviene del recaudo de la capital, es decir que, el mayor aporte de la financiación lo representan los bogotanos, quienes verían directamente afectadas sus soluciones en movilidad al detener los proyectos señalados.

“Paradójicamente, los bogotanos verían afectadas las soluciones de la ciudad en materia de movilidad y la correcta ejecución de sus recursos, producto de sus impuestos”, concluyó la entidad.

Disputa entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá

El punto central de desacuerdo entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, radica en la modificación del contrato de la primera línea del Metro, específicamente en el tramo que se construirá sobre la Avenida Caracas hasta la carrera 50, que se acordó inicialmente fuera elevado.

Sin embargo, mientras la Alcaldía sostiene que se deben mantener los planes y que modificar a esta altura los términos del contrato podría generar retrasos y afectaciones a las obras, el gobierno busca que ese tramo se construya subterráneo con el argumento del impacto urbanístico que generaría un metro elevado.

A pesar de las mesas jurídicas que se establecieron para analizar la viabilidad de la modificación, parece no haber la disposición de ninguna parte de llegar a un acuerdo, lo que llevó a las declaraciones del ministro Reyes sobre la revisión de otras obras del Distrito, afirmaciones que luego tuvieron un revés.

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"Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico; pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues estos se van a tener que parar", fueron las palabras iniciales del ministro de Transporte.

Posteriormente, en diálogo con Noticias RCN el ministro le dio un revés a sus palabras y envió un mensaje más conciliador.

"Lo que no entienden los bogotanos es que aquí no hay ningún chantaje y no hay un capricho de un presidente de la República. Acá hay un presidente de la República y un Gobierno responsable que consideran que hay un desastre urbanístico por venir. Este es un llamado a la cordura y al diálogo", puntualizó Reyes.