María Corina Machado afirmó que el TSJ “no puede asumir funciones del CNE” en Venezuela

En un comunicado divulgado a través de su cuenta de X, la líder opositora rechazó la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral.


María Corina
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 21 de 2024
10:09 a. m.
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El 28 de julio de 2024, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue escogido por la “mayoría” del electorado como el nuevo presidente para el período 2025-2031.

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Sin embargo, tras la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado oficialmente los resultados finales ni ha completado los procesos de verificación.

Razón por la cual, la líder política María Corina Machado ha emitido un comunicado en el que denuncia la injerencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en asuntos que corresponden exclusivamente al CNE, según lo establecido en la Constitución venezolana.

“El TSJ no puede usurpar las funciones del CNE”: María Corina Machado

En su declaración, Machado recordó que el pueblo venezolano, mediante su participación en las elecciones, ejerció un derecho que le confiere la Constitución en su artículo 5, el cual establece que la soberanía reside de manera intransferible en el pueblo.

Este poder es ejercido directamente a través del sufragio y, de manera indirecta, por medio de los órganos que conforman el Poder Público. A su vez, declaró que todos los órganos del Estado, sin excepción, emanan de esta soberanía popular y están subordinados a ella.

En cuanto a la totalización de votos, la oposición enfatizó que el Consejo Nacional Electoral es el único órgano al que la Constitución y las leyes le otorgan tanto esa facultad como la de emitir los resultados oficiales de las elecciones.

Por lo que criticó firmemente la intervención de la Sala Electoral del TSJ, argumentando que no le corresponde a esta instancia judicial asumir las competencias del CNE.

La Sala Electoral del TSJ no tiene la facultad para llevar a cabo las funciones de un órgano electoral.

Asimismo, añadió que dicha intervención sería una violación del principio de separación de poderes que rige en el orden constitucional venezolano.

El CNE sigue sin entregar las actas electorales en Venezuela

El comunicado también destacó que el CNE, hasta la fecha, no ha cumplido con los plazos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) para la publicación de los resultados detallados de cada mesa electoral, un retraso que, según Machado, contraviene la ley y genera una situación de incertidumbre que va en detrimento del proceso democrático.

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Por esto y a modo de advertencia, advirtió que cualquier acción del TSJ destinada a validar lo que ella considera un posible fraude electoral carecería de validez y sería ineficaz, basándose en el artículo 138 de la Constitución.

Este artículo se establece que toda autoridad usurpada es nula y sin efectos jurídicos. En este sentido, cualquier sentencia que el TSJ emita en la que asuma las funciones del CNE sería considerada como un acto de usurpación de autoridad y, por tanto, nulo.

¿Qué implicaciones tendría el TSJ si continúa asumiendo las funciones del CNE?

Las implicaciones legales que podrían enfrentar los magistrados de la Sala Electoral si continúan adelante con su intento de asumir las competencias del CNE son: incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa por violar los derechos de los electores al interferir en el proceso electoral.

Por otro lado, Machado aseguró que, aunque el CNE no ha publicado los resultados oficiales, los venezolanos ya conocen el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que González Urrutia fue elegido presidente.

No obstante, denunció que el organismo electoral ha hecho anuncios de resultados y proclamaciones sin proporcionar las pruebas necesarias que sustenten esos anuncios.

Finalmente, la líder política agradeció a la comunidad internacional por su apoyo y por exigir una auditoría independiente de los resultados electorales, la cual debería realizarse en la sede del CNE y con la participación de todas las fuerzas políticas involucradas.

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