CPI: Colombia no será investigada si juzga los "falsos positivos"

En una entrevista , Bensouda subrayó que está en manos de Colombia evitar la investigación de esos casos, relativos a los "asesinatos y desapariciones forzosas supuestamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas", según un informe de la Fiscalía de la CPI que indica que el número de víctimas de estos delitos podría llegar a las 5.000.

El examen preliminar de la CPI sobre Colombia comenzó en 2004 y, desde entonces, la Fiscalía vigila tanto los posibles crímenes de guerra como de lesa humanidad que se pudieran haber cometido durante el conflicto que enfrenta desde hace más de 50 años al Ejército, grupos armados como las Farc y los paramilitares.

"Colombia ha colaborado mucho durante el examen preliminar respecto a la información que necesitamos", reconoció la fiscal general de la CPI, quien recordó que sus pesquisas "aún no han terminado".

Preguntada si finalmente pedirá a los jueces abrir una investigación formal sobre esos hechos, lo que permitiría pasar a la fase de recopilación de pruebas, aclaró que todo dependerá de si se cumple o no el principio de "complementariedad, es decir, si Colombia está haciendo algo para juzgar esos crímenes o no".

Fatou Bensouda explicó que, en caso de que solicitara una investigación formal a los jueces, su papel sería el de averiguar quiénes fueron los responsables de los crímenes, aunque consideró prematuro adelantar nombres.

"No sería justo. Nosotros no empezamos investigando al 'señor x' o al 'señor y', o a este o a ese militar. Lo que hacemos es recolectar evidencias, verlas, analizarlas y solo después vemos quién tiene la responsabilidad de esos crímenes. La posición de esa persona puede ser más alta o más baja", detalló.

Por otra parte, Bensouda indicó que sigue de cerca las negociaciones de paz en La Habana entre el Gobierno de Bogotá y las Farc.

"Ellos han dicho que por supuesto son conversaciones de paz, pero que también van a maximizar la justicia. Tenemos que observar cómo sigue el proceso", señaló.

Respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz, que define el marco de justicia que se aplicará en el posconflicto a militares y policías que hayan incurrido en violaciones a la ley, la fiscal precisó que todavía la están estudiando "muy cuidadosamente".

"Tenemos algunas preguntas y hemos hecho saber algunas de nuestras preocupaciones por ciertos aspectos de ese acuerdo", según Bensouda, que concretó esas inquietudes en si el nuevo marco legal juzgará los crímenes "sexuales, los de razón de género y los falsos positivos".

Por "falsos positivos" se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales en las que miles de civiles fueron asesinados por militares para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, a fin de obtener beneficios.

Colombia es el único país latinoamericano que se encuentra bajo un examen preliminar de la CPI.

De hecho, de los nueve países bajo investigación ocho son africanos, lo que le ha valido a la corte numerosas críticas, entre ellas de la Unión Africana.

Esta institución amenazó recientemente con una retirada masiva de sus países del Estatuto de Roma, lo que significaría que la jurisdicción de la CPI dejaría de aplicarse en ellos.

"Espero que eso no suceda. Hablo como africana, no como fiscal, cuando digo que sería un paso atrás para el continente", subrayó la gambiana Bensouda, que recordó que "África tuvo un papel muy activo en el establecimiento de la corte, nadie debería subestimar eso".

En su opinión, esta retirada "significaría que nos olvidaríamos de las víctimas de crímenes atroces y solo nos preocuparíamos por los intereses de algunos líderes políticos".

Otras de sus preocupaciones es que la corte sea vista como un instrumento con intenciones políticas.

"Desafortunadamente, cualquier decisión que tomamos es siempre interpretada de esta manera", lamentó.

No han faltado esas acusaciones en el caso de Costa de Marfil.

Durante estos días se celebra el juicio contra su expresidente Laurent Gbagbo, acusado de crímenes de lesa humanidad por la violencia postelectoral que asoló el país entre 2010 y 2011.

Sus abogados defensores han calificado su juicio de "político" porque la Fiscalía en un primer momento no abrió una investigación sobre los delitos supuestamente cometidos por las milicias de su oponente, el actual presidente Alassane Ouattara.

"Estamos intentando traer justicia a todas las víctimas de los crímenes cometidos en la violencia postelectoral. El caso que tenemos ahora es el Costa de Marfil 1 y ya estamos investigando lo que sería el sumario de Costa de Marfil 2, en el bando opuesto", dijo la fiscal.