Militares que aceptaron abuso contra niña indígena serían inhabilitados por 20 años
La Procuraduría abrió indagación preliminar por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra la menor de Pueblo Rico, Risaralda.
Noticias RCN
08:25 p. m.
Una condena ejemplar para los soldados responsables del abuso de una niña de 12 años, perteneciente a una comunidad indígena, es lo que piden representantes de diferentes sectores.
Y es que el panorama sobre la violencia contra los menores en Colombia es doloroso. Estas cifras son un llamado para que todos protejamos a nuestros niños.
- Entre enero y mayo de este año, Medicina Legal ha practicado 7.544 exámenes por abuso sexual.
- Cerca de 2.433 de los casos, son niños entre los 10 y los 13 años.
- Bienestar Familiar reveló que son al menos 28 denuncias que recibe a diario por este tipo de ataques.
Entre tanto, la Procuraduría asumió este jueves la investigación contra los siete militares involucrados en el abuso sexual a la niña de la comunidad Embera. En la decisión advierte que es una violación a los derechos humanos por tratarse de una menor perteneciente a una etnia indígena.
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La Procuraduría abrió indagación preliminar por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra la menor de Pueblo Rico, Risaralda.
“Podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”, dijo la entidad.
Al asumir esta investigación el Ministerio Público advierte que por la gravedad de la falta podrían exponerse a una inhabilidad por 20 años.
“El imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría en cumplimiento de los fines constitucionales”, señala el ente de control.
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La Procuraduría recordó que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección.
Un juez de control de garantías, atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para los siete soldados que admitieron haber abusado de la niña indígena de 12 años en Risaralda.
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