Cuidar la institucionalidad es cuidar la economía

En el complejo entramado de la economía colombiana, la estabilidad y el funcionamiento adecuado de la institucionalidad son fundamentales para mantener el equilibrio económico y sus efectos en la confianza, la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. En esta ocasión, abordaré cómo la institucionalidad juega un papel clave en los incentivos económicos y cómo estos a su vez influyen en métricas de riesgo cruciales, como el Credit Default Swap (CDS) y en la tasa de la deuda pública, así como en la percepción internacional sobre la salud económica del país.

La institucionalidad, definida como el conjunto de normas, leyes y prácticas que rigen el funcionamiento del Estado y garantizan los derechos y deberes de sus ciudadanos, es un pilar esencial para una economía sostenible y en crecimiento. Estas normas son fundamentales para establecer un marco de confianza en las relaciones económicas, tanto a nivel interno como en las relaciones comerciales con otros países. Por ejemplo, un país que viola arbitrariamente un tratado de libre comercio no solo enfrentará las consecuencias contempladas en el tratado, sino que también sufrirá la desconfianza y las restricciones comerciales impuestas por sus socios comerciales, afectando negativamente sus flujos comerciales y económicos.

En el caso específico de Colombia, mantener un equilibrio adecuado entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es vital para preservar la estabilidad política y la confianza de los agentes económicos. Cuando la institucionalidad se ve comprometida o debilitada, los inversores y empresas perciben mayores riesgos, lo que se traduce en una menor inversión y una mayor incertidumbre en el ambiente de negocios.

Un ejemplo que ilustra la importancia del equilibrio de poderes y la institucionalidad es el caso de varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela y Argentina. En estos países, el debilitamiento de las instituciones y la concentración excesiva de poder en el ejecutivo han llevado a crisis económicas y sociales profundas. La falta de división de poderes ha generado inseguridad jurídica y una mayor percepción de riesgo para los inversores extranjeros y locales, lo que ha desincentivado la inversión privada y afectado el crecimiento económico y la generación de empleo.

La incertidumbre política y la inestabilidad institucional también tienen un impacto significativo en las métricas de riesgo, como el Credit Default Swap (CDS), que mide el costo de asegurar la deuda soberana contra un posible incumplimiento. Cuando los inversores perciben mayores riesgos en la economía de un país debido a la falta de institucionalidad, la demanda de CDS aumenta, lo que conlleva un encarecimiento del endeudamiento para el gobierno y, en última instancia, un deterioro en la calificación crediticia del país. Si bien es cierto que recientemente los CDS han experimentado una disminución, aún enfrentamos una prima de riesgo "extra" en comparación con países con la misma -o menor- calificación crediticia, lo que representa una carga adicional en las inversiones que llegan a Colombia y en la tasa de financiamiento de la deuda pública.

Un país con instituciones fuertes y equilibrio de poderes goza de mayor confianza y, en consecuencia, puede obtener tasas de interés más bajas en sus emisiones de bonos soberanos. Por el contrario, una economía con institucionalidad débil y alta incertidumbre política se enfrenta a un aumento en las tasas de interés, lo que se traduce en un mayor costo de financiamiento para el gobierno y un mayor peso de la deuda en el presupuesto nacional.

La percepción internacional sobre la salud económica de un país también está estrechamente vinculada a la estabilidad institucional. Los inversionistas y organismos internacionales evalúan constantemente el entorno político e institucional para tomar decisiones de inversión o asistencia financiera. Un país con instituciones sólidas y un equilibrio de poderes bien establecido es percibido como más atractivo y seguro para los flujos de inversión extranjera directa y la cooperación internacional. Por otro lado, una situación de incertidumbre política y debilidad institucional puede generar una imagen negativa del país en la comunidad internacional, lo que dificulta el acceso a financiamiento externo y complica la atracción de inversiones.

En conclusión, proteger la institucionalidad es esencial para el buen funcionamiento de la economía colombiana. Un equilibrio adecuado de poderes y el respeto a las normas y principios democráticos generan confianza, promueven la inversión, estimulan el crecimiento económico y facilitan la generación de empleo. Aprendamos de las experiencias de aquellos países que no han respetado la institucionalidad y trabajemos juntos para preservar un entorno político y económico sólido y próspero para el desarrollo de Colombia.

Analista económico - Inverxia
@inverxia_co