Claridad en las comunicaciones del presidente

En las últimas semanas el Gobierno ha hecho anuncios poco claros, usando términos iguales para temas diferentes, y sin mucho enfoque. Es importante tener más orden en los mensajes. 

“Gestores de paz”. Ese fue el término que el propio Gobierno utilizó para referirse por primera vez a jóvenes de la primera línea, a los que se les ordenó medidas de aseguramiento en investigaciones por la sindicación de delitos graves durante las protestas del paro nacional en 2020 y 2021. Lo hizo el presidente Gustavo Petro a inicios de diciembre en un evento de Pasto. De hecho, la página de Palacio todavía tiene publicado un artículo noticia cubriendo lo que había dicho exactamente el jefe de Estado. “Centenares de jóvenes detenidos por participar en la protesta social serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia: presidente Petro”, dice la URL petro.presidencia.gov.co

Tras el anuncio, vino una tormenta de reacciones desde todos los frentes. El presidente había confirmado que el poder ejecutivo se tomaría una función que únicamente le corresponde a la rama judicial: la de decidir sobre el futuro penal de acusados de delitos. Luego vino la forma; se trataría de un decreto presidencial. Eso ocurrió en un momento en el que parecía haber distancia entre el mandatario y los magistrados de las altas cortes por incumplimientos a algunos eventos solemnes de la justicia que contaban con la asistencia del presidente. Y, finalmente, el concepto de muchísimos juristas respetados que cuestionaban la laxitud para la liberación de personas procesadas, junto con los comentarios del fiscal general, Francisco Barbosa. 

“Alias 19”, quien no saldrá de la cárcel, acababa de ser condenado por un caso de tortura a un ciudadano en Bogotá y sectores políticos y judiciales se preguntaban si el presidente iría tan lejos como para tomarse las atribuciones de los jueces y liberar a una persona que ya había sido condenada en un debido proceso. Por el bienestar de la democracia, no fue así. 

Palacio terminó decretando la creación de una comisión técnica con representantes de varias carteras que le recomendarían nombres al presidente para la liberación de jóvenes acusados por delitos puntuales, pero explicando que, aún con la libertad, los jueces tendrían la última palabra sobre las condenas y las medidas de aseguramiento. El decreto de la creación de la comisión ya no llevaba el término “gestores”, sino “voceros”. “Recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en artículo 5 de la ley 2272 de 2022”. 

La diferencia técnica jurídica entre gestores de paz y voceros de paz es todavía etérea y difícil de delimitar. Los gestores de paz han sido tradicionalmente escogidos en Colombia para hacer posibles acercamientos entre los gobiernos y grupos armados organizados para diálogos de paz. Un ejemplo es Violeta Arango, que fue liberada de la cárcel por una resolución presidencial para que participara como delegada del ELN en la mesa de conversaciones actual con el Gobierno. Arango estaba en la cárcel por su posible responsabilidad en la bomba al baño de mujeres del Centro Comercial Andino, un crimen de guerra bajo el Derecho Internacional Humanitario por tratarse de una acción ejecutada por una célula urbana de un grupo armado en rebelión contra un edificio de civiles. En el atentado perdieron la vida tres personas y nueve más resultaron heridas. A una mujer que se encontraba en el lugar le quedó su pierna destruida y la arteria aorta de la extremidad la cortó la onda de la explosión. En este caso valdría la pena aclarar si Arango, como gestora de paz, recibe una remuneración y si la paga el Gobierno colombiano o el venezolano. 

Luego, una vez más, el presidente Petro utilizó el término “gestores de paz” para referirse a una intención de política pública en la que se le entregaría un millón de pesos al mes a 100.000 jóvenes vulnerables en todas las regiones con un costo estimado de más de un billón de pesos al año, con el fin de darles oportunidades para que no integren bandas criminales.  “Estamos preparando un programa de gran dimensión, de ahí el porqué estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos, en las zonas de más alta violencia de Colombia, regiones excluidas (…)”. 

La falta de claridad fue de Presidencia, no de los medios, como lo tituló sin este análisis un artículo de lasillavacia.com. El propio presidente utilizó el término “gestores de paz” para referirse a la excarcelación de los jóvenes de la primera línea acusados de delitos graves, y a los jóvenes a los que se les entregaría un subsidio de un millón de pesos al mes para prevenir su entrada al crimen, una política parecida a otra que Petro ejecutó mientras fue alcalde de Bogotá para evitar hurtos. 

Finalmente, en una extensa rueda de prensa los miembros de la comisión para la liberación de jóvenes de la primera línea explicaron que estos serían “voceros de paz”, ya no gestores. Y aclararon que no habría personas condenadas liberadas, tampoco remuneración y, en cualquier caso, los nombres recomendados al presidente serían sobre delitos menores, aunque incluyeron concierto para delinquir en la primera tanda de liberaciones. 

Es importante que las comunicaciones desde Palacio sean claras y efectivas y que los términos sean precisos para evitar confusiones sobre las que se responsabiliza luego a los medios de comunicación. Los globos al aire sobre un tema tan sensible como la intervención del ejecutivo en la rama judicial no son una buena estrategia de mensaje.

@santiagoangelp
Director de NoticiasRCN.com