El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes tristemente permanece

Desde 1999 el ICBF ha recibido en protección 7.196 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento por parte de los grupos armados.


Elvira Forero
junio 09 de 2022
06:00 a. m.
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Colombia tiene una historia en la que se han tejido condiciones sociales, comunitarias, familiares, individuales, a nivel territorial que sumadas a la presencia de los diferentes actores y grupos armados han sido el origen y la continuidad del reclutamiento y la utilización niños, niñas y adolescentes, en actividades de guerra, de acuerdo con lo expresado por El Centro Nacional de Memoria Histórica.

Y, de acuerdo con datos recientes del ICBF, 85 menores de edad han llegado al programa de protección en lo que va corrido de este año, hasta el mes de abril. Durante el 2021 recibieron otros 180 menores de edad.

Desde 1999 el ICBF ha recibido en protección 7.196 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento por parte de los grupos armados, a los cuales la vida les ha cambiado para salir adelante, a pesar de que ha sido sometidos a todo tipo de atrocidades.

Definitivamente los grupos al margen de la ley se siguen aprovechando de los más frágiles y los llevan aun hoy, con promesas de mejorarles las condiciones de vida, pero solo quieren instrumentalizarlos para que sean ellos por su misma vulnerabilidad quienes realizan las acciones de guerra. Lamentablemente, a pesar de las medidas que se toman, la situación continua y la justicia aun no responde.

En la Justicia Especial para la Paz, JEP, se lleva un macrocaso, denominado Reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado, el cual se inició en el 2019. La JEP ha señalado para la investigación como la guerrilla utilizó este mecanismo como una estrategia militar para fortalecer sus filas.

De igual manera, la Sala de Reconocimiento de la JEP definió al menos tres hipótesis para la investigación, sobre las violencias relacionadas al reclutamiento: la violencia sexual y basada en género, la desaparición forzada y el homicidio, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ante la continuidad del fenómeno que atenta con los menores de zonas apartadas y en donde la presencia del Estado y sus servicios sociales no es permanente, se requiere que pronta definición de responsables. En pocas palabras, es urgente que la justicia concluya a fondo los resultados de flagelo que lleva décadas afectando una significativa población colombiana y que aún no para.

Las niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo con nuestra Constitución, las leyes y los pactos internacionales, deben estar fuera de cualquier escenario de

guerra y de cualquier acción de violenta que les exponga y ponga en riesgo sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad.

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