Colombia navega aguas tormentosas

La última encuesta de Invamer, del pasado mes de febrero, muestra un deterioro significativo de la imagen y la gestión del Presidente Petro en solo siete meses. Su aprobación pasó de 56 a 40, con una caída de 16 puntos, y la desaprobación aumentó significativamente, de 20 a 51, es decir, 31 puntos, lo que significa una pérdida neta de 47 puntos. 

Esa encuesta aún no refleja el impacto del pésimo manejo por parte del Ministerio de Defensa de la situación de orden público y, en particular, de lo sucedido en el Caguán el 2 de marzo, en donde indígenas secuestraron a más de 70 uniformados, sometiéndolos a humillaciones y habiéndose producido el asesinato de un policía. Circulan audios en los cuales se escucha a uniformados pidiendo desesperadamente ayuda, que no sólo no llegó sino que no se advierte urgencia en suministrarla. 

A pesar de los graves problemas de orden público, el ministro de Defensa ha optado, con extraño orgullo que saca a relucir, por destinar la fuerza pública a la protección del medio ambiente, desviándola de su función constitucional, y haciendo caso, pero caso omiso, de que (i) las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades; (ii) todo colombiano, por mandato constitucional, está en el deber de engrandecer la calidad de colombiano y dignificarla; (iii) la Policía Nacional tiene como fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz y (iv) las Fuerzas Militares tienen, entre otras funciones, la de defender el orden constitucional.

Al Ministro de Defensa, o bien le quedó grande el cargo que ocupa, o bien está cumpliendo a la perfección la tarea de debilitar y desmoralizar a la fuerza pública y, de contera, generar zozobra e incertidumbre entre la ciudadanía. No es así como se logrará la anhelada paz. La receta hasta ahora aplicada solo ha servido para impulsar la siembra de los cultivos de coca, con todo su poder destructivo, y para producir sonrisas de beneplácito, cuando no carcajadas, entre los delincuentes. 

Paralelamente, la agenda legislativa del Gobierno para este año es de tal dimensión que, sin asomo de duda, no existe la más mínima posibilidad de que pueda surtir un trámite serio y razonable, en el que medien discusiones profundas y haya participación ciudadana y de los gremios económicos. Se trata de 21 proyectos nuevos y 16 más que continuarán su trámite, es decir, 37 proyectos sobre temas de gran envergadura, con los que el Gobierno aspira a dejar su impronta, pero que, realmente, producirán una gran “indigestión” en la economía y en las mentes de los colombianos. A menos que el Congreso y los partidos políticos resuelvan mostrar criterio e independencia. Está por verse.

Los proyectos versan, según explicó el ministro del Interior al Consejo Gremial, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, la “Humanización Penitenciaria” -mejor llamada “Impunidad Total”-, reformas a la salud, pensional, laboral, política, educación, servicios públicos, modernización de la Policía, jurisdicción agraria, cannabis, código electoral, sistema nacional ambiental y muchos otros temas, todos de gran trascendencia. 

Es apenas natural para cualquier gobierno querer impulsar reformas enderezadas a lograr un mejor país y un mayor bienestar, siempre en el contexto de que el desarrollo no debe detenerse, de que hay que impulsarlo, de que hay que construir consensos en la sociedad y particularmente con el sector empresarial como generador de empleo que es, pero no es eso lo que parece inferirse de ese afán legislativo ni de la actitud de ciertos funcionarios públicos, quienes no admiten crítica alguna por constructiva que sea, que faltan el respeto a quienes piensan distinto o a quienes les hacen preguntas incómodas pero pertinentes y necesarias, que esgrimen la ofensa como argumento y que rechazan la interlocución con líderes gremiales no afectos a sus intereses.

Lo que se aprecia a simple vista, sin hacer mayores elucubraciones, es un propósito de transformar a Colombia a como diere lugar y sin que se sepa a ciencia cierta con qué intención o hacia qué puerto de destino, solo que, a juzgar por el contenido de algunos de los proyectos -los que empiezan a conocerse-, tal transformación no lo sería para bien sino, por el contrario, para afectar en grado importante e injustificadamente la actividad empresarial y la libre empresa, desmantelar el servicio de salud reviviendo instituciones que en el pasado fueron liquidadas por prestar un pésimo servicio e ir camino a la quiebra, premiar la comisión de delitos al amparo de proyectos de ley que contienen normas impensables en una sociedad decente, generar en la sociedad confusión sobre los valores en que aquella se sustenta y producir una sensación de impotencia frente a quien aspira a que todo lo puede. 

Una agenda legislativa que contempla dotar al Presidente de facultades extraordinarias para regular ciertas materias trascendentales, para gobernar como se le antoje e imponer su voluntad. En una palabra, para que Colombia dé un salto al vacío, al abismo, conducida por un timonel que sabe mucho de hacer oposición -racional e irracional- pero nada experto en gobernar -como ya lo demostró en la alcaldía de Bogotá-, poco dado a escuchar, nada amigo de rectificar, rodeado de personas que -hasta ahora- poco conocimiento han demostrado para ocupar algunos de los cargos y cuyas declaraciones frecuentemente espantan y afectan la economía sustancialmente, desde distintas perspectivas: en el grado de inversión, en los planes de inversión por la inseguridad jurídica y una tasa de cambio volátil, en la generación de empleo y sin que se repare en que la migración de colombianos al exterior, originada en razones fácilmente imaginables, ya se empieza a notar. 

Por el lado de las relaciones internacionales, Colombia está cambiando de aliados, separándose de sus aliados tradicionales. Dejó de lado el principio de no intervención que ha tradicionalmente practicado, sustituyéndolo por otro consistente en atacar a presidentes que dirigen sus países con criterios diferentes a los que son del agrado de Petro -como en el caso de Bukele en El Salvador-, y en apoyar a quienes sí lo son, como en el caso de Perú -con Castillo-, que le mereció que lo declararan persona no grata en ese país.  

El asunto, sin embargo, no acaba ahí: la familia presidencial -un hijo y un hermano del presidente- al parecer serán objeto de investigación, por pedido del mismo presidente, para aclarar ciertas denuncias. Ha habido renuncias tempranas de funcionarios, acusados de corrupción. Investigaciones ordenadas por autoridades electorales sobre violación de topes en la campaña presidencial. Redes sociales inundadas de memes que hacen mofa sobre desplazamientos en helicópteros. El gobierno solo tiene para mostrar una reforma alcabalista cuyo impacto en la generación de empleo está aún por verse, sin que se conozca aún el destino de los ingentes recursos que obtendrá.

Nada pinta bien. Como dirían los marinos, el barco empieza a hacer agua. El capitán y su tripulación lo están llevando a aguas tormentosas, demostrando ausencia de pericia. Quiera Dios que a Colombia no le suceda lo mismo que al Titanic y que el faro iluminado que indica el camino seguro para arribar a tierra lo enciendan, como ya han empezado valerosamente a hacerlo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las autoridades judiciales -en sus distintos niveles-, que han mostrado independencia, frenado salidas de las cárceles de peligrosos delincuentes -impulsadas por el gobierno bajo el pretexto de calificarlos de gestores de paz- y tumbado facultades que había asumido el Presidente para regular servicios públicos, mermando así su apetito desaforado de poder.

@josetorresf