Gobierno Duque no puede lavarse las manos electoralmente

La controversia generada por la malhadada propuesta de Gustavo Petro sobre “perdón social”, llamada también “Pacto de La Picota”, ha servido para que se deje de lado el hecho de que nuestro sistema electoral perdió toda credibilidad y que la credibilidad no podrá ser recuperada con el actual Consejo Nacional Electoral y mucho menos con el actual Registrador, Alexander Vega.

Al Consejo Nacional Electoral corresponde constitucionalmente, entre otras funciones, “de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados” y, además, “Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.”

De lo que se trata, pues, es de garantizar la verdad de los resultados y, para ello, no solo corresponde revisar los escrutinios sino todos los documentos electorales concernientes a cualquier etapa del proceso administrativo de elección.

No obstante, cada día que pasa, en lugar de haber mayor claridad o de aproximarse más a la verdad de los resultados, se tejen más sombras oscuras sobre el proceso electoral realizado el pasado mes de marzo y esas sombras se proyectan sobre el proceso que se avecina.

Las explicaciones que el Registrador ha venido dando sobre lo sucedido en las pasadas elecciones, lejos de infundir confianza, generan más desazón y lo que demuestran es que el Registrador no tuvo el control de todo el proceso electoral toda vez que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio fueron esta vez de más de un millón de votos, es decir, una diferencia porcentual aproximada de un 7%, sin antecedentes en nuestra historia, diferencias que en el pasado oscilaron solo entre el 1 y el 2%.

Con otras palabras, el sistema electoral, en lugar de avanzar y de perfeccionarse, retrocedió, como el cangrejo, y su larga tradición de confiabilidad en los resultados se vio empañada.

Los cambios de rumbo y de opinión del Registrador fueron desconcertantes y demuestran que la entidad perdió la brújula y se quedó sin norte.

Primero quiso hacer un reconteo de votos y luego ya no. Después nos dejó a todos estupefactos con sus respuestas a las preguntas que José Manuel Acevedo le formulara. El Registrador sorprendió, una vez más, que hubiese manifestado informar “con certeza” que no existió fraude por no haber habido “falla técnica”, como si la falla técnica fuese la única forma de cometer fraude. Tampoco brindó explicaciones convincentes acerca del por qué se produjo un mal diligenciamiento de más de 23.000 formularios de votación y cuál es la razón de ser de lo que él califica como “un posible dolo” de los jurados de más de 5.000 mesas de votación en las que se diligenciaron los formularios –en sus propias palabras- “con rayaduras, tachaduras de manera incorrecta y además de eso el estado en que llegó toda la votación”: “una vez consignaron la votación de los candidatos, tacharon las cifras, ¿qué hicieron los testigos?, presionaron a los jurados, manifestándole que había que poner, asteriscos y tachaduras en todas las casillas en blanco”.

Más grave aún es la afirmación que hace el Registrador según la cual “nosotros logramos identificar, por ejemplo: el candidato Gustavo Petro, en un Twitter, ¡dio la instrucción a sus testigos electorales! Que le ordenaron o sugerir (sic) a las mesas de votación, llenar todos los asteriscos.” El Registrador también reconoce que el formulario E-14 estuvo mal diseñado y ello fue algo que le fue advertido anticipadamente y con suficiente tiempo por la Misión de Observación Electoral.

El país está pendiente de saber si el Registrador ya presentó las denuncias penales pertinentes y cuáles son las consecuencias que para Gustavo Petro aparejarían las instrucciones que Alexander Vega afirma que Petro dio.

No es fácil de entender cómo las Cortes escogieron para dirigir la Registraduría a un funcionario que, se dice, (i) no había sacado un buen puntaje en el concurso de méritos realizado y de la noche a la mañana, por arte de birlibirloque, pasó a ocupar el primer lugar; (ii) sus antecedentes familiares inmediatos no hacían aconsejable su nombramiento; (iii) fue objeto de acusaciones de exigencias de dinero cuando fue funcionario del Consejo Nacional Electoral.

Tampoco resulta fácil de entender cómo el Presidente Duque lo condecoró como el mejor servidor público, cuando se trataba de un funcionario que no había afrontado ninguna elección. Ni tampoco es comprensible el silencio del gobierno sobre la adquisición del software de Indra, tratándose de un tema de interés nacional.

El Gobierno Nacional debe poder hacer algo más que pedir que se reúnan las comisiones de garantías electorales. No puede lavarse las manos, como Pilatos, frente a todo lo que está sucediendo, con el argumento de que todo depende de las autoridades electorales.

Lo que está en juego es ni más ni menos que la democracia y no puede cometerse el error de mostrarse pasivo frente a las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, cuando este ha dado en el pasado reciente muestras claras de que le tiembla el pulso a la hora de condenar, como le tembló cuando el entonces Fiscal Néstor Humberto Martínez le entregó las pruebas de la financiación de Odebrecht a la campaña de Santos y cuando no ha fijado fecha para la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la cual, al parecer, solo será fijada con posterioridad a la contienda presidencial para que el Alcalde pueda seguir, mientras, haciendo de las suyas.

El Gobierno tiene que hacer algo más.