¿Hacia dónde va el Gobierno?

Suele decirse, con razón, que los árboles no dejan ver el bosque y al mirar el bosque se advierte que los primeros pasos del gobierno no dejan ninguna duda respecto a qué le apunta. Los nombramientos y recientes decisiones del gobierno permiten avizorar una estrategia bien pensada y estructurada para perpetuarse en el poder, debilitar las instituciones, golpear al empresariado y a la clase media,  poner en entredicho la propiedad privada y vender una nueva historia de Colombia. 

Sería de una enorme ingenuidad verlo de otra manera.  Las razones son muy obvias. Petro predicó cierto discurso durante todas las fases de su vida y es ingenuo pensar que dejará de lado las ideas que pregonó; su ascenso al poder estuvo precedido de maniobras nada éticas para aniquilar políticamente al adversario y ha efectuado nombramientos y adoptado decisiones que no pueden verse en forma aislada sino como piezas fundamentales para ejecutar cabalmente esa estrategia. 

En el campo internacional, el nombramiento como canciller de una persona tan cercana a las Farc muestra el propósito de consolidar la imagen de ese grupo, buscar apoyo a las negociaciones para lograr nuevos acuerdos de paz y articular toda una política de gestión conjunta con los gobiernos de izquierda, además de promocionar un nuevo enfoque frente al problema de las drogas, en el que quienes hoy trafican seguramente jugarán papel fundamental.

Los hechos saltan a la vista: la pronta normalización de las relaciones con Venezuela; el apoyo dado a Nicaragua en la OEA al no estar presente Colombia en la votación para censurar a ese país por la sistemática violación de los derechos humanos, ausencia que no tiene justificación alguna pues la no posesión del nuevo embajador ante la OEA no es excusa; la mayor cercanía iniciada por el canciller con Irán y Cuba; el restablecimiento de relaciones con la República Saharaui -al parecer a instancias de Podemos-, y el nombramiento como embajador en Nicaragua de una persona llamada a juicio por tráfico de estupefacientes cuando ocupaba un escaño en el Congreso de la República. 

El segundo objetivo fundamental del gobierno es el debilitamiento de nuestras Fuerzas Armadas, el rompimiento de su estructura jerárquica, el apoderamiento de la inteligencia, de la UNP y la conformación de guardias campesinas. El primer mensaje enviado es que no quepa duda que ante Petro, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, todos deben plegarse y que dichas Fuerzas “cometieron el pecado” de defender al país y a la sociedad contra los grupos armados ilegales, a pesar de que son estos los verdaderos causantes de las masacres y del estado de zozobra a que han sometido a la sociedad colombiana. El descabezamiento de 52 generales de las Fuerzas Militares y de Policía constituye un golpe durísimo contra ellas, que socava su moral y las debilita. Más allá de que la nueva cúpula sea buena o no, es obvio que ese golpe apareja serias y dañinas consecuencias para su operación. 

La ejecución de ese objetivo lleva consigo el nombramiento de un Ministro de Defensa caracterizado por atacarlas y la intención de romper la estructura jerárquica y la línea de mando que tiene el Ministerio de Defensa frente a la Policía. Colocarla bajo la dependencia de un nuevo Ministerio se traduce en dejarla sometida a los mandatarios locales y en facilitar el ingreso a ella de guerrilleros y reinsertados.  El nombramiento de un exguerrillero del M-19 en la Unidad Nacional de Protección y de otro en la Dirección Nacional de Inteligencia genera el temor de que la UNP termine conformada por aquellos a quienes el Estado hasta hace poco combatía y de que la inteligencia se utilice para propósitos inconfesables. De ahí a la conformación de los denominados colectivos chavistas solo hay un paso. En ese mismo camino está la conformación de Guardias Campesinas para asumir control sobre ciertos territorios, a cuyos efectos el partido Comunes radicó proyecto de ley.

Un tercer objetivo es el de apoderar aún más al movimiento indígena, sin importar llevarse por la borda la propiedad privada. El gobierno mira con desdén el padecimiento a que se han visto sometidos ingenios azucareros en el Cauca, cuyos predios han sido invadidos por los indígenas. La invitación que ha hecho Petro al diálogo entre propietarios e indígenas lo que significa es que, a pesar de que la propiedad privada goza de protección constitucional, no existe voluntad de defenderla sino, más bien, de encontrar una forma para ceder más tierra a los indígenas, buena parte de la cual está inundada de coca. El nombramiento como Director de la Unidad de Restitución de Tierras, de un indígena, no puede ser visto como una mera casualidad.

Un cuarto objetivo es el rediseño del sistema electoral. Está claro que hubo una especie de acuerdo tácito para no cuestionar las elecciones de Presidente y de Congreso. Las acusaciones formuladas no fueron investigadas, ni hubo reconteo y el gobierno Duque se lavó electoralmente las manos por razones no fáciles de comprender ni aceptar. Un Registrador cuestionado insiste -y no por casualidad- en un proyecto de Código Electoral que habrá de mirarse con lupa. 

El quinto objetivo es cambiar la narrativa de la historia de Colombia, para que los malos sean los buenos y los buenos queden como malos. La Comisión de la Verdad ha dado muestras suficientes de ello y de un marcado sesgo ideológico, bajo la dirección de un sacerdote que no ha tenido reparo alguno en expresar públicamente su admiración por varios de los cabecillas del ELN, habiendo compartido ideas con el cura Camilo Torres. El nuevo Ministro de Educación expresó, sin recato alguno, que el Informe de esa Comisión será materia de estudio en los colegios, a pesar de que no fue avalado por todos sus miembros y de haber recibido toda clase de críticas. No le bastó a Gaviria prohibir el glifosato, cuya consecuencia fue un considerable incremento en los cultivos de coca, sino que ahora quiere impulsar la distorsión de la verdad solo para dar cabida a sus ambiciones personales y en detrimento de la educación misma.

El sexto objetivo es el apaciguamiento del empresariado, acudiendo al nombramiento de un ministro de Hacienda que goza de trayectoria académica. El mensaje, no obstante, resultó más aparente que real, pues la reforma tributaria muestra sólo ánimo fiscalista, golpea a la empresa privada y a la inversión, y carece de estímulos a la generación de industria y de empleo. Además, el discurso de Petro en el Congreso de los industriales no fue afortunado y en lugar de tranquilizar generó incertidumbre e intranquilidad, no sólo por desconocer que la palabra “industria” sí aparece “en el aparato del Estado”, empezando por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino porque expresó que son los empresarios los que deben acercarse a su forma de entender la economía, y a la política pública que pretende desarrollar, no obstante que esta se desconoce y que en todas las encuestas el sector empresarial saca las mayores notas. Petro desaprovechó la oportunidad de ganarse al empresariado y su discurso estuvo plagado de generalidades, vaguedades, confusiones, de curiosas teorías económicas y de vapuleos al empresariado. Para Petro la banca y el comercio no son productivas -válgame Dios- y la industrialización pasa por tener una sociedad igualitaria, como si los empresarios fuesen responsables de la desigualdad social o la pobreza. Todo suena a la planificación estatal de la economía y a crear restricciones al ejercicio de la libre empresa. 

El nuevo gobierno ha dejado ver claramente que buscará la movilización popular para apoyar las reformas, que no se le debe retar y que las reformas son buenas si es él quien las presenta. El ejemplo más obvio es la reforma tributaria, rechazada por Petro cuando Duque la radicó, obligándolo, mediante paros y manifestaciones, a reducir sus pretensiones de recaudo de 25 billones de pesos a 14. La nueva reforma pretende recaudar 25 billones, que son adicionales a los 14 logrados por Duque, para un total de 39 billones. La diferencia es que los opositores no acuden a las mismas formas a las que Petro acudió. 

Es tiempo de que la sociedad se organice si quiere ver alternancia en el poder pues está muy claro que los partidos políticos son empresas mercenarias, sin ideología, presas de sus intereses mezquinos, que no rinden cuentas a los electores y que se venden por un plato de lentejas.

@josetorresf