La burla de las autoridades a las leyes y a la Constitución

Colombia está presenciando una burla por parte de las autoridades legítimamente instituidas, de nuestras leyes y de la Constitución. Esta burla se da de diversas maneras, sea mediante la inacción u omisiones de las autoridades o por el abierto desafío a las normas existentes. Dos ejemplos la ilustran fehacientemente, entre varios que podrían citarse.

El programa de gobierno de Petro aludía a “Democratizar la tierra fértil y el agua para alimentar a Colombia” y a avanzar “hacia el cierre de la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra (…). Garantizaremos el derecho a la tierra para las familias rurales, la formalización de la propiedad y evitaremos la expansión indiscriminada de la frontera agraria y la colonización de baldíos”. Durante la campaña se hizo mucho eco de la democratización de la tierra, tratando de distinguir este concepto de la expropiación, sin lograr el cometido de distinguirlos.

El país ha visto perplejo cómo se han producido, totalmente orquestadas, numerosas invasiones de tierras en el Cauca, Antioquia, Cesar, Huila, Risaralda, Atlántico y Magdalena, a más de cinco mil hectáreas, que parecen obedecer a una idea de democratizar la tierra que en nada difiere de la ocupación ilegal de tierras o de una forma de apropiación o de expropiación ilegal. La pregunta que el país se hace es ¿Qué han hecho las autoridades para evitar o frenar estas invasiones? Evidentemente, nada o muy poco. Por ende, ¿en dónde quedan las normas constitucionales que disponen que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades? ¿En dónde queda la garantía constitucional de la propiedad privada?  

¿Es letra muerta el precepto contenido en el artículo 188 de la Constitución, según el cual “El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”? ¿Acaso el presidente no tiene la obligación constitucional de dirigir la fuerza pública y disponer de ella, además de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado?

¿Para qué sirve la Policía Nacional si no es capaz de cumplir su fin primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz? 

¿Para qué sirve la Fiscalía General de la Nación si no es capaz de cumplir su obligación de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento? 

¿Qué han hecho los alcaldes, como primera autoridad de Policía del municipio, para conservar el orden público en los municipios en donde se han registrado las invasiones y para hacer cumplir la ley y la Constitución?

Estas omisiones e inacciones de las autoridades fácilmente pueden desembocar, como ya sucedió en el pasado, en la conformación de grupos de autodefensas. Recuérdese que la ausencia del Estado para frenar los avances de la guerrilla tuvo como consecuencia la creación de grupos de autodefensa, posteriormente llamados paramilitares, generándose un aterrador espiral de violencia que el país no quiere repetir.  

Mucha tarea tendrá que efectuar la Procuraduría General de la Nación al respecto, la cual en buena hora ya abrió algunas investigaciones en su función de protección del interés público y de vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, para investigar y sancionar la conducta omisa de las autoridades que se han negado a prestar su concurso para frenar las invasiones y devolver la tierra a sus legítimos dueños, investigación que debe iniciar con la del propio Ministro de Defensa -o de la Indefensión-, cuyas explicaciones para no acudir al Esmad moverían a risa si no fuera por la gravedad de la situación. 

El otro ejemplo tiene que ver con los diálogos con las disidencias de las Farc. Iván Márquez suscribió el acuerdo de paz como jefe negociador de la guerrilla y muy rápidamente se apartó del acuerdo y continuó su enfrentamiento con el Estado, por lo cual se hizo acreedor a las sanciones individualmente previstas en el Acuerdo de Paz para casos como el suyo, y  se convirtió en objeto del “peso de la ley”, cualquier cosa que ello signifique. Recuérdese que los negociadores del Gobierno, sin pena ni gloria o, más bien, sin vergüenza alguna, no estipularon consecuencias para la colectividad de las Farc frente a situaciones tan graves de incumplimiento del acuerdo por parte de ellas como las que han ocurrido, sino que estipularon sanciones individuales.

Sorprende sobremanera, al igual que preocupa, que mientras el gobierno se muestra indiferente -o se hace de la vista gorda- frente a la avalancha de invasiones de tierras de propiedad de particulares, le baste una manifestación del disidente Iván Márquez para que en 48 horas el Comisionado para la Paz y otros estén sentados con los terroristas de las “disidencias” de las Farc, con el argumento de buscar la paz total, la cual parece identificarse con la idea de impunidad total. Con otras palabras, ya no es menester dar aplicación al Acuerdo de Paz por cuanto el objetivo de paz total pasa, lamentable y tristemente, por negociar la ley a cualquier precio y por la concesión de ingentes beneficios.

También sorprende en grado sumo el ofrecimiento de sumas de dinero a jóvenes para que dejen de delinquir o abandonen la delincuencia, que no tiene antecedentes. La idea es tan descabellada que huelga cualquier comentario, pero es un grave error pensar que se trata de una idea ingenua. Existe un claro trasfondo político e ideológico que va más allá de la búsqueda de la pacificación del país, con consecuencias fácilmente predecibles. 

Este comportamiento del gobierno les recuerda a los colombianos trabajadores y honestos que los violadores, secuestradores, asesinos y terroristas, en la medida en que se identifiquen con la ideología que el gobierno pregona, reciben más atención y beneficios que los primeros. 

P.D. Lamentable que el gobierno nacional haya retirado su apoyo al exministro de Salud Fernando Ruiz para la posición de Director de la Organización Panamericana de Salud, particularmente cuando más de veinte países la apoyaban como reconocimiento a la buena gestión adelantada durante la pandemia de covid -19. Es otra desacertada decisión del Ministro de Relaciones Exteriores, que no encuentra explicación alguna y que demuestra una vez más que Petro se equivocó con ese nombramiento.  

@josetorresf
Abogado