La reforma tributaria no tiene rumbo y va contra el sector productivo

Esta semana seguramente se votará la reforma tributaria, cuyos efectos en la economía, en las sociedades y en las personas se sentirá en forma importante. El trámite de la misma ha dejado en claro que el Gobierno poco escucha y que el Congreso dejó de ser el foro por excelencia de la democracia, en el que se exponían los distintos puntos de vista de los congresistas y se debatían para, luego de las deliberaciones, someter a votación el respectivo proyecto.

En el caso presente, la voracidad fiscalista del gobierno y su decisión de imponer a toda costa sus designios, condujo a que los congresistas hoy afines a él, integrantes de la coalición, silenciaran o quisieran silenciar las voces discordantes y a que un asesor gubernamental y cierto congresista se atrevieran -cínicamente y con total desprecio por la democracia y por la independencia de los gremios económicos- a cuestionar la legítima y válida interlocución de los representantes gremiales. Las redes sociales han mostrado también cómo el presidente del Congreso, al mejor estilo de Diosdado Cabello, impide la participación democrática de los congresistas de la oposición.

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Toda clase de críticas ha recibido el proyecto de reforma tributaria por parte de prestigiosos analistas económicos, quienes han puesto de presente los excesos a los que este proyecto llega, sin que se sepa cuál es el destino del recaudo que se espera obtener y sin parar mientes en los efectos que tendrá la reforma en la generación de empleo y en los bolsillos de las personas,en un momento en que los mercados desconfían de Colombia y cuando se avizora una recesión en el mundo.

Para frenar el gravamen proyectado a las pensiones se requirió que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, alzara su voz señalando la inconstitucionalidad de ese gravamen, que había sido ya rechazado por importantes líderes de la oposición

El gobierno debe oir las inquietas voces de distintos sectores. Fedesarrollo sostuvo en comunicado de prensa del día de ayer, 31 de octubre, que la versión actual de la reforma generaría un aumento excesivo de la tasa efectiva de tributación del sector minero energético, incidiendo en el costo de uso del capital, y con ello desincentivando la inversión.

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Sin embargo, nada parece frenar la intención de gravar aún más a las empresas, cuando ya contribuyen en forma importante con el pago de impuestos. La reforma tributaria de Petro excede la capacidad para pagar nuevos impuestos por parte del sector productivo de la economía y ello reducirá gravemente el crecimiento, el empleo y también los ingresos fiscales del gobierno.

Resulta muy curioso que la reforma no introduzca incentivos para la creación de empresas cuando la economista y ahora consultora del Gobierno, Mariana Mazzucato, expresamente afirma que “hay que hablar de creación de riqueza, de crecimiento, de catalizar la inversión en el sector de negocios” y que si Colombia llegare a parar el sector energético de un día para otro, “no tendría ni siquiera los fondos para desarrollar la infraestructura de las nuevas energías”, además que la falta de confianza entre los sectores público y privado es uno de los factores más difíciles de reparar. Esta economista dice, también, estar “en contra de otorgar subsidios y garantías solo para mantenerlo en su lugar. Eso es lo que llamo un ecosistema parasitario” (El Tiempo, oct. 31/2022).

El ejemplo que muestro a continuación ilustra la situación de una empresa de servicios en Colombia, cuyas cifras claramente demuestran que los accionistas de una empresa no tienen incentivos para arriesgar su capital mediante la creación de empresas, debido a que su retribución final no guarda proporción con lo que se lleva el Estado, que termina siendo su socio mayoritario.

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En la actualidad, antes de la reforma, la situación tributaria de esta compañía es la siguiente: Una compañía que genera $100 millones de utilidad antes de impuestos ya ha pagado, antes, $46 millones en otros impuestos diferentes a renta y debe pagar $35 millones adicionales en el impuesto de renta. En utilidad neta quedan $65 millones y a un accionista del exterior le llegarían $58 millones, después de una retención del 10%. Es decir, en este caso el gobierno recibe un total de impuestos y retenciones de $88 millones y el inversionista extranjero recibe $58 millones. La sociedad y el inversionista tuvieron que pagar en impuestos y retenciones un 151% de lo que recibe el accionista después de su retención.

Tras la reforma tributaria, a esta compañía en particular le incrementarían, entre otros, los impuestos de renta por la sobretasa en la tarifa marginal al 40%, al igual que el tratamiento de la ganancia ocasional y del impuesto del ICA, además de duplicarse la tasa de retención a los inversionistas extranjeros para llegar a un 20%. En el caso de la misma compañía que genera $100 millones de utilidad antes de impuestos, el gobierno recibe un total de impuestos y retenciones de $111 millones ($46 de impuestos diferentes a renta, $56 de renta y $9 de retenciones sobre dividendos), mientras que el inversionista extranjero recibe tan solo $35 millones. La sociedad y el inversionista tuvieron que pagar en impuestos y retenciones un 317% de lo que recibe el accionista después de su retención.

La pregunta que el Gobierno y el Congreso deben formularse es ¿cuál es el incentivo para crear empresa? A los riesgos implícitos que asume todo empresario, a las vicisitudes que debe afrontar para llevar a cabo con éxito su negocio -que conducen a muchos al fracaso- ha de agregarse que el Estado se queda con una proporción muy importante de la utilidad. ¿Quién querrá arriesgar su capital para trabajar para el Estado si nueve meses del producto de su trabajo van para el Estado? ¿Quién querrá trabajar 12 meses para quedarse tan solo con el producto de 3 meses? Pues eso es lo que hacen los empresarios y el Gobierno y el Congreso, torpemente, solo quieren bombardear al empresariado y avivar la lucha de clases. Es que el Gobierno ni siquiera atiende las recomendaciones de su nueva consultora, Mariana Mazzucato, quien insiste en la necesidad de un trabajo mancomunado, creíble y soportado en la confianza, entre el sector público y el sector privado.