Que paguen los demás

Sin haber enfrentado una recesión económica mundial, ni una pandemia como la del coronavirus, el Gobierno Petro va a dejar a Colombia en la peor crisis fiscal de los últimos 120 años.

¡Que paguen los ricos! Esta es una de las frases más frecuentes del presidente, Gustavo Petro, cada vez que da uno de sus extendidos discursos en la palestra pública, así como también de sus seguidores más acérrimos que creen que cinco familias deberían pagar los tributos de 50 millones de habitantes.

Durante su campaña presidencial, y ya como mandatario de la Nación, Petro aseguró que solo los 4.000 más ricos iban a pagar más impuestos y que con eso solucionaban las dificultades fiscales que tenía el país, derivadas del estallido social del 2021 que impidió que el Gobierno anterior pudiera llevar a cabo una reforma tributaria estructural que aumentara los ingresos de la Nación y así se pagaran los mayores gastos incurridos en la pandemia del coronavirus.

La primera reforma tributaria del actual Gobierno, impulsada por José Antonio Ocampo, fue una iniciativa que en otra administración hubiera generado un sin fin de marchas y dejado una gran cantidad de vidrios rotos. Para Petro los 4.000 ricos del país eran grandes consumidores de salchicha con pan, pues bajo la premisa de los impuestos saludables terminaron grabando una gran cantidad de productos que hacían parte de la canasta básica, principalmente, de los hogares de más bajos ingresos (embutidos, chocolate, productos de panadería, entre otros).

La reforma terminó no recaudando los $20 billones que se tenía previstos pues las altas cortes tumbaron una serie de medidas que desde el principio se le advirtieron al Gobierno que eran inconstitucionales como la de eliminar las deducciones de regalías del impuesto de renta para las empresas del sector minero-energético.

Sumado a lo anterior, los problemas fiscales se acrecentaron cuando el Ministerio de Hacienda, acompañado de la Dian, hicieron estimaciones de recaudo tributario imposibles de alcanzar que terminaron con una serie de presupuestos desfinanciados. Esta fórmula de las proyecciones infladas se repitió de manera seguida a tal punto que por primera vez en la historia un Congreso negó el proyecto del Presupuesto 2025 que presentó el Ejecutivo ya que estaba completamente desfinanciado y traía consigo una nueva reforma tributaria (Ley de Financiamiento) que buscaba gravar aún más al sector productivo del país.

Cuando un hogar o una persona racional ve que sus ingresos están cayendo lo que suele hacer, siguiendo la lógica, es recortar el gasto para ajustarse a los recursos disponibles. Lastimosamente, quienes administran el país han demostrado no ser racionales ni lógicos, pues mientras los ingresos caían ellos aumentaban el gasto público y no de una manera que genere dinamismo en la economía como obras de infraestructura o construcción de vivienda, sino que los escasos recursos públicos se fueron en bodegas y burocracia.

Los montos del Presupuesto General de la Nación han aumentado 46% en los últimos cuatro años al pasar de $350 billones en 2022 a $511 billones en 2025. Petro ha tenido en su administración los presupuestos más altos de la historia y aún así la plata no le alcanza. Y es que es muy difícil que le alcance cuando el crecimiento de gastos de la planta del Gobierno ha subido 45% en los últimos dos años ($32,7 billones en 2023 vs $47,8 billones en 2025).

Resulta paradójico que bajo el argumento de que no hay dinero el Gobierno recorte los recursos para Colfuturo, acabe con el programa Ingreso Solidario, deje de financiar los créditos educativos del Icetex y por ende aumenten las tasas de interés para los estudiantes, disminuya los subsidios para la compra de vivienda, no les pague a las EPS lo adecuado, no pague los subsidios de energía, no asuma la deuda de la Opción Tarifaria, no le cumpla a los deportistas olímpicos con los premios prometidos, no le cumpla a los taxistas con el subsidio a la gasolina; pero para lo que sí hay plata es para contratar a 64.000 funcionarios del Gobierno por prestación de servicios (la cifra más alta en la historia), para crear nuevos Ministerios que no ejecutan ni el 10% de sus presupuestos (Minigualdad) y para repartir embajadas y consulados a los amigos cercanos del Presidente.

El mal manejo de los recursos públicos ha sido tal que el Gobierno se vio en la necesidad de suspender la Regla Fiscal por tres años para poder seguir gastando a como dé lugar, más aún cuando ya estamos ad portas de la campaña electoral y sin importar las consecuencias de la medida en las calificadoras de riesgo. Para lograr lo anterior, Petro necesitaba a alguien que no le refutara ninguna de sus decisiones y por eso el nombramiento de Germán Ávila como ministro de Hacienda.

Ávila, que en sus primeras declaraciones a medios dijo que su nombramiento “no debe producir sobresaltos en la salud de la economía del país”, cumplió a rajatabla el deseo del Presidente de volarse la Regla Fiscal y elevar el déficit fiscal de Colombia a su peor nivel en 120 años: 7,1% del PIB. La única vez que el país había tenido un déficit fiscal tan alto fue en 2020 cuando se necesitaron recursos de emergencia para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Cálculos de expertos aseguran que en 2025 Colombia se va a endeudar $531.000 millones cada día y que cerrará el año con una deuda equivalente a $193,9 billones. Sin mencionar que debido a la inestabilidad política y jurídica que vive el país, las tasas de interés a las que se endeuda la Nación han subido a más del 8%.

¡Que paguen los demás!, es el mensaje que da el Gobierno Petro al llevar al país a una crisis de bajos ingresos y gastos excesivos que deberá ser asumida por el próximo Gobierno. ¿Será que Petro ya sabe que los resultados de las próximas elecciones no van a ser positivos para su movimiento político que desde ya está buscando la forma de entorpecer la nueva administración?

Quien llegue a la casa de Nariño deberá de hacer una serie de reformas tributarias sin precedentes para bajar el déficit que va a dejar el Gobierno del Cambio. Esperemos que estos mayores impuestos, que vamos a tener que pagar todos, estén acompañados de medidas reales de recorte de gastos. Ojalá cierren Ministerios y entidades que son inservibles, que dejen de entregar subsidios a los bandidos que siguen delinquiendo a nombre de terceros y que dejen de utilizar los recursos públicos para financiar bodegueros en redes sociales.