Inteligencia Regulatoria en etiquetas de alimentos

Si hay una cosa en la que nos deberíamos poner todos de acuerdo como sociedad es que es un propósito común tener consumidores mejor informados. Cuando una persona tiene mayor conciencia sobre lo que consume, no solamente puede elegir mejores alimentos para su hogar, sino que además puede premiar a los productores que mejor satisfacen sus deseos de tener productos más sanos, más nutritivos y con mejor sabor. 

De las mejores herramientas que tenemos para estudiar este tema es la economía comportamental, lo que los anglosajones llaman behavioral economics. Los más recientes avances en este campo nos dicen que los consumidores podemos ser racionales en algunas ocasiones, pero a veces necesitamos un pequeño empujón para tomar las decisiones correctas.

Los primeros en entender esto fueron las marcas de alimentos. Todos los emprendedores y las líneas de negocio de productos saludables lo tienen clarísimo hace años, para que el consumidor mejore la composición de su dieta, es necesario que esté mejor informado y que pueda elegir conociendo plenamente las implicaciones cada uno de los productos. Después, llegaron los gobiernos, primero sancionando la publicidad engañosa, y más recientemente proponiendo sellos estándar para toda la industria, con criterios claros, para que los consumidores pudieran tomar mejores decisiones. 

En Colombia hubo un proceso importante en el diseño de esta regulación, con tan buenas prácticas que seguro alegrarían a la OCDE y a los académicos de Inteligencia Regulatoria*. Se reunieron los técnicos en salud del Ministerio, académicos, representantes de ONG, médicos y representantes de la industria, con decenas (si es que no fueron centenas) de mesas de discusión, de presentación de argumentos y de concertación. De ese proceso surgió la Resolución 810 de 2021 y hoy en día tenemos etiquetas en muchos productos; para una muestra, pida un Chocoramo o una gaseosa en cualquier parte de Colombia. 

El Ministerio puso sobre la mesa el punto de partida del debate con un par de estudios de universidades independientes. La industria mostró sus estudios técnicos y comparados con otros países, y se comprometió a que las grandes empresas implementarían con mayor agilidad los sellos de las etiquetas. Los académicos han podido contar con el tiempo para revisar, analizar y comentar la propuesta y las ONG pudieron enviar sus insumos técnicos. 

El problema es que todo este proceso de buenas prácticas regulatorias está a punto de perderse por un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga a cambiar el resultado de todo el proceso de concertación. Es importante tener en cuenta que estos cambios tienen costos importantes en las empresas, que no solamente tienen que volver a invertir en planchas y en diseño, sino que también corren con la incertidumbre jurídica que, después de 6 meses de preparación para un tipo de regulación, les cambien las reglas de juego. 

Es importante que la siguiente movida del Ministerio vaya por el camino correcto, que esté alineada con otros instrumentos de regulación, que esté enfocada en el bienestar de los consumidores, que incentive la sustitución saludable entre ingredientes (azúcar por edulcorantes, por ejemplo) y que le dé garantías de seguridad jurídica a todas esas empresas, empresarios y emprendedores que han venido reformulando, etiquetando y evaluando como ofrecernos mejores productos a todos.

* Para conocer más sobre Inteligencia Regulatoria, recomiendo mucho el libro de Julián Daniel López Murcia, Editorial Legis.

@tinojaramillo