No hemos ganado en La Haya

El 5 de septiembre de 1993, la selección Colombia obtuvo la victoria más importante en la historia de nuestro fútbol. El equipo de Francisco Maturana no sólo consiguió la clasificación directa al mundial, sino que le arrebató a Argentina el invicto de 33 partidos (el más extenso de su historia, solo superado por la selección actual que completó 36, hasta la derrota con Arabia Saudí en Qatar) y condenó al equipo del “Coco” Basile a un deshonroso repechaje contra Australia. El resto de la historia es conocida.

Embriagados por el inédito triunfo, descubrimos uno de nuestros peores males en tiempos recientes: la imposibilidad para administrar buenas noticias, vientos a favor o rachas positivas. La noche del 0-5, 67 personas fueron asesinadas, 15 murieron en accidentes de tránsito y más de 750 heridas en los desbordados festejos. Eso sin contar lo ocurrido durante el Mundial, el asesinato impiadoso de Andrés Escobar, la amenaza de muerte al cuerpo técnico si alineaba al “Barrabás” Gómez contra Estados Unidos y la eliminación cuando ya lo de menos era el fútbol. Para la muestra un contraste que nos expone, el día que Argentina ganó el mundial de Qatar, murió una persona y cuando la selección tocó suelo argentino, salieron 4 millones a la calle y no hubo un solo deceso por disturbios o peleas. Basta observar las imágenes donde la fuerza pública brilla por su ausencia.  

En Colombia convertimos cualquier avance modesto en una victoria histórica cuyos airados reclamos de autoría terminan por empañarla e imposibilitar la necesaria y consecuente reflexión. Lo anterior refleja fielmente la situación que vivimos frente al fallo en La Haya que desestimó la pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental, pero en la que Gobierno, oposición y los expresidentes que han reivindicado su paternidad en la “conquista”, han superpuesto sus intereses a los del país. Habría que empezar por señalar que el ejecutivo en cabeza de Petro es el primer responsable por renunciar a su labor natural de pedagogía. Esto es, explicarle a la ciudadanía que, si bien la decisión nos ahorra un proceso ante la Corte, significa al mismo tiempo la ratificación del fallo de 2012 cuya pérdida nuestros políticos han tasado en 72 mil km2. Los anuncios eufóricos y nacionalistas de una victoria sobre Nicaragua, han retrasado y opacado las explicaciones sobre cómo se procederá a establecer un límite definitivo. El autor de esta columna (que no es abogado) considera que a las Cortes se va para que se administre justicia, no para ganar o perder como si se tratara de un partido de fútbol. Sin embargo, desde 2012, nuestros dirigentes siguen hablando en términos deportivos de un tema tan sensible como complejo. La retórica futbolística tiene la ventaja de la inteligibilidad, pero es inútil para reparar en matices, claves en una comprensión cabal del litigio. 

Hasta la fecha, nada se ha dicho sobre el proceso de negociación con Nicaragua para una delimitación o sobre propuestas regionales y multilaterales en esa dirección. Mientras tanto suceda, raizales, pescadores y en general los isleños, siguen expuestos a los hostigamientos de las autoridades nicaragüenses. Aunque aliviados pasajeramente con el fallo, guardan justificadamente inquietud respecto al futuro. En esa lógica debe entenderse y tomarse en cuenta el pedido del gobernador (e), Juan Enrique Archbold, de un diálogo más fluido con las comunidades de Costa Rica, Jamaica, Nicaragua y Panamá para relaciones más armoniosas entre caribeños. 

Por su parte, la oposición en medio del desespero por impedir que la coyuntura juegue en favor de la popularidad de Petro, ha hecho eco de las delirantes expresiones nacionalistas de Álvaro Uribe quien desempolvó su propuesta sobre una consulta popular para desconocer la sentencia de 2012. Completo sinsentido, porque introduce a la fuerza al litigio en el debate electorero y presupone que el derecho interno está por encima de los compromisos internacionales, práctica de regímenes autoritarios que, además, rompería una tradición de irrestricto apego al derecho internacional.

En el colmo de la renuncia a la pedagogía sobre los efectos del fallo que también recae en los medios, la Revista Semana le adjudicó el origen del litigio a la “ambición y a la maldad del tirano”, Daniel Ortega, la descripción de tono religioso y místico no es solo fácilmente reproducible sino poco fiel. Pasa por alto que, en diciembre de 2001, Arnoldo Alemán tomó la decisión de interponer la demanda luego de que su antecesora, Violeta Chamorro, insistentemente amenazara a Colombia. El sandinismo en los 80 fue promotor de la ilegitimidad del tratado Esguerra-Bárcenas, pero las administraciones posteriores -incluidos partidos que hoy sufren la persecución- abrazaron sin cuestionamientos la tesis. Reducir el proceso en La Haya a un capricho de Ortega, refleja desconocimiento sobre la historia colombo-nicaragüense y la desconexión de los centros de poder con lo que ocurre en nuestra inmensa periferia.     

La sentencia de la Corte debe ser recibida con mesura. Eso sí, el equipo negociador merece todo el reconocimiento porque nos ahorró un proceso desgastante de resultados tan preocupantes como inciertos. Hecha esa tarea, al gobierno (nacional y subnacional), instituciones del Estado, medios de comunicación y a todos los que participan de la gobernanza, les corresponde la tarea pedagógica de ilustrar y esbozar los escenarios en el corto y mediano plazo de cara a una delimitación que sigue “en veremos”. Por primera vez desde que existe el litigio, el gobierno anterior no convocó una sola vez a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para discutir este tema, muestra de la poca convicción o falta de pericia por asumirlo. Por eso la coyuntura de optimismo tras el fallo, es la mejor excusa para revivir una salida definitiva que ya no pasa por La Haya, sino porque Colombia entienda que el archipiélago se defiende ejerciendo soberanía ininterrumpidamente y no apagando incendios legales. El fracaso de los gobiernos no ha estado en su estrategia legal, sino en abandonar la difícil tarea de explicarnos a los colombianos sin la tentación del nacionalismo trasnochado, los compromisos ineludibles hacia nuestros vecinos. Salvo María Ángela Holguín en su momento, nadie parece tener esa disposición (¿o acaso el valor?). Mal augurio que nos urge contradecir, pues está en juego la promesa fundacional para el ideal participativo de llevar a la realidad la descentralización. 

@mauricio181212
Profesor de la Universidad del Rosario