Más de 1.300 familias fueron desalojadas por no pagar el arriendo en Bogotá
Varias familias fueron sacadas a la calle durante la cuarentena porque no contaban con el dinero para pagar el arriendo de las habitaciones en las que suelen hospedarse.
Noticias RCN
01:26 p. m.
El centro de Bogotá registra una dramática situación luego de que decenas de ciudadanos que viven en ‘pagadiario’ fueran desalojados por no tener los medios para pagar su habitación.
Según el Distrito al menos 1.300 familias se han visto afectadas por esta situación, las autoridades aseguran que la mayoría de ellas son migrantes venezolanas. La Alcaldía les entregó mercados para ayudar a amenizar la situación.
Ricardo Agudelo, subdirector de gestión local del Gobierno de Bogotá describió esto como “un acto de solidaridad con la gente que no tiene que comer” y además, aseguró que estos inquilinatos tiene que garantizarle a las familias que se puedan quedar allí.
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En otro caso, durante la noche del martes, una familia de adultos mayores fue desalojada de su vivienda en la localidad de Puente Aranda por no tener suficiente dinero para pagar el arriendo.
Los afectados tuvieron que pasar la noche en frente de la casa donde vivían, soportando las bajas temperaturas que azotan a la ciudad durante la pandemia de coronavirus a la que se enfrenta la humanidad.
Las autoridades ya tienen conocimiento de esta lamentable situación y están trabajando para lograr resolver el difícil momento que atraviesa esta familia en plena emergencia sanitaria por el coronavirus.
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En conversación con el director de Noticias RCN, Juan lozano, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el ministro de Vivienda, Jhontan Malagón se pronunciaron sobre la situación que atraviesan los afectados.
El ministro Malagón dejó claro que mientras se mantenga el decreto que pone al país en aislamiento preventivo, es ilegal el desalojo de las familias, incluso si se trata de un ‘pagadiario’ y que en caso de que esto suceda, deben comunicarse con la Policía Nacional para reportar lo ocurrido.
El mensaje de la alcaldesa para el ministro y el Gobierno es que, con el apoyo de Migración Colombia, ayudaran a los afectados, que en su 80% resultan ser inmigrantes venezolanos, y de quienes se aprovechan bajo el argumento de que “a ellos no los cobija esa ley”.