A prisión expolicía que integraba red criminal de trata de personas: jóvenes eran enviadas a Francia

La Fiscalía condenó a un exintegrante de la Policía Nacional a siete años de prisión por participar en una red de trata de personas que captaba jóvenes en Medellín.


FOTO: Freepik / Captura de pantalla

Noticias RCN

septiembre 15 de 2024
12:09 p. m.
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Carlos Augusto Fernández Raigosa, un intendente en retiro de la Policía Nacional, ha sido condenado a varios años de prisión luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara su participación en una red criminal que enviaba jóvenes colombianas a Francia para ser explotadas laboral y sexualmente.

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A través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se encontró que el expolicía integraba esta red que captaba mujeres en la ciudad de Medellín con la promesa de un trabajo con modelos en territorio europeo.

Fernández Raigosa aceptó su responsabilidad: multa y condena

Mediante preacuerdo, el exintegrante de la Policía aceptó los cargos formulados y su responsabilidad en los hechos. Se explica que mientras estuvo en activo en la Policía Nacional, entre 2022 y 2023 contactó a varias mujeres, ofreciéndoles trabajar por un sueldo fijo con modelos en Francia.

Un juez penal especializado en la capital antioqueña condenó a Fernández Raigosa a siete años de prisión y una multa 1.750 SMLMV por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas y por trata de personas.

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El funcionamiento de la red criminal en la que participó el expolicía condenado

Uno de los requisitos para que las mujeres contactadas por el intendente en retiro pudieran viajar a Francia, era la solicitud de fotos y videos en ropa interior, material que posteriormente era enviado a los cabecillas internacionales de la red para recibir el aval.

Posteriormente, cuando las jóvenes llegaban al país en cuestión, encontraban que los contenidos fílmicos y fotográficos que enviaron estaban publicados en comunidades virtuales donde ofrecían servicios sexuales, los cuales eran obligadas a ejercer.

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Eran explotadas laboral y sexualmente debido a que tenían que pagar una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje desde territorio colombiano.

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