Procuraduría formuló cargos contra exalcalde y secretario de gobierno de Sincelejo
Según la Procuraduría, los exfuncionarios no implementaron las acciones necesarias para atender a víctimas de desplazamiento forzado.
Noticias RCN
09:09 p. m.
La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Andrés Eduardo Gómez Martínez, exalcalde de Sincelejo, y John Manuel Oviedo Pérez, exsecretario de Gobierno y Seguridad.
Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Sincelejo y exsecretario de Gobierno y Seguridad
La decisión se argumenta a que ambos funcionarios evadieron la implementación de acciones necesarias para atender a víctimas de desplazamiento forzado ubicadas en las invasiones Cielo Azul, La Vega y San Miguel durante los años 2022 y 2023.
Esta omisión derivó en la suspensión indefinida de las órdenes de desalojo decretadas por inspectores de policía desde 2021.
De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados incumplieron con la obligación de garantizar albergues temporales o reubicación para las víctimas, un requisito establecido en la sentencia SU-016 de 2021 de la Corte Constitucional.
"A los disciplinados les correspondía cumplir con la ejecución de las tres órdenes de desalojo decretadas desde el año 2021, donde de manera previa era necesario garantizar un albergue temporal para reubicar a la población víctima de desplazamiento con carencias graves de alojamiento, esto según las reglas dispuestas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-016 de 2021", se lee en el documento.
"Además, no les era permitido suspender de forma indefinida los operativos de desalojo, pues por disposición de la misma Corte, ello solo procede por el tiempo determinado que lleve la reubicación".
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Las faltas que cometieron el exalcalde de Sincelejo y exsecretario de Gobierno y Seguridad
Esta sentencia estipula que los operativos de desalojo solo pueden posponerse por el tiempo necesario para asegurar alternativas dignas de alojamiento, algo que la administración municipal no gestionó.
Las investigaciones revelaron la falta de acciones concretas, como la constitución de albergues, entrega de subsidios o solicitudes de apoyo a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Esto no solo afectó a las familias vulnerables, sino también a los propietarios de los terrenos ocupados, quienes no han logrado recuperar sus bienes pese a activar los mecanismos legales correspondientes.
Además, dentro de los predios invadidos se encuentra un lote perteneciente al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Sincelejo, lo que implica un impacto directo sobre bienes públicos y el interés general.
La Procuraduría señala que esta omisión no solo vulneró el derecho a la vivienda digna de las familias afectadas, sino que también fomentó la ilegalidad y la incertidumbre jurídica, afectando tanto a los ciudadanos como al orden público en Sincelejo.
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