Demandan candidaturas de Dilian Francisca Toro, Carlos Fernando Galán y Mauricio Jaramillo
Miles de demandas se encuentran en el CNE contra candidaturas. Entre ellas para las gobernaciones de Valle, Tolima y la Alcaldía de Bogotá.
Noticias RCN
07:48 p. m.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia 3.500 solicitudes de revocatoria de candidaturas y las más recientes son contra Mauricio Jaramillo, Dilian Francisca Toro y Carlos Fernando Galán.
La demanda contra la candidatura de Mauricio Jaramillo a la Gobernación de Tolima asegura que está inhabilitado porque su hermano, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso; ha sido designado en varias oportunidades como mandatario encargado y la ley dice que nadie con una relación en primer grado de consanguineidad con el presidente puede ser candidato.
También demandaron la candidatura de Dilian Francisca Toro a la Gobernación del Valle y adjuntaron varios de los procesos que tuvo ante la Corte Suprema de Justicia.
Y contra el candidato a la Alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán hay una demanda por doble militancia. El accionante señala que Galán no puede apoyar las listas al Concejo de partidos distintos al suyo, el Nuevo Liberalismo.
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Otra que no se salva es la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander. Se está definiendo su futuro por haber acumulado tres sanciones entre disciplinarias y fiscales, una de ellas con destitución e inhabilidad.
Finalmente, hay demanda contra la candidatura de Jairo Aguilar a la Gobernación de La Guajira, por haberse desempeñado como gobernador encargado en el departamento, y la ley dice que nadie que haya ocupado el cargo en los últimos 12 meses puede aspirar.
La respuesta de Juan Daniel Oviedo al CNE por proceso de revocatoria
El candidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo tiene un proceso que busca revocar su candidatura por cuenta de un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías (FNG).
El Termómetro Político conoció en primicia la respuesta que le dio el candidato al Consejo Nacional Electoral. Su argumento principal es que la ley que le prohíbe a los candidatos contratar con el Estado no puede aplicarse a ‘rajatabla’ y que prima su derecho a elegir y ser elegido. El exdirector del Dane además explicó que en el contrato no hay beneficio ni político ni económico.
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Y es que Oviedo tiene las cuentas muy claras: paga un leasing de 4.600.000 por la oficina que arrendó al FNG, aun así, la alquiló por menos de 4 millones. Es decir, sale perdiendo. Lo que sí genera suspicacia es por qué si ese contrato es de enero, justo ahora salen a flote las supuestas inhabilidades.