Mindefensa y la respuesta contundente al ELN sobre amenaza de paro armado
Diego Molano aseguró que el Gobierno no permitirá actos de terrorismo en la jornada electoral que se aproxima.
Noticias RCN
05:40 a. m.
En medio de la amenaza de paro armado por parte del ELN en el marco de las elecciones que se aproximan, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que el Gobierno no teme a las intimidaciones de este grupo terrorista y, además, no permitirá actos de terrorismo en la jornada electoral.
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“Buscan influir las elecciones para que les abran falsas negociaciones de paz o para que les den perdón social después, afectan a los colombianos para que otros les den perdón, combatimos con decisión a esa estructura del ELN que busca afectar a los colombianos de forma cobarde”, dijo el ministro.
Cabe resaltar que el paro armado anunciado por este grupo criminal está programado para iniciar este miércoles 23 de febrero, a partir de las 6 a.m., hasta el próximo sábado.
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Defensoría del Pueblo rechazó amenazas de paro armado
Frente a los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales, bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, consideró que estos hechos constituyen una forma de confinamiento y una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos, que además afectan de manera directa el derecho al trabajo, a la educación y a la alimentación, entre otros.
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“Los grupos armados ilegales deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de forma contundente este tipo de amenazas, que además se dan en el marco de un proceso preelectoral y, por lo tanto, afectan el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegidos”, dijo Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo advirtió que en el proceso electoral del país hay riesgo extremo y alto de vulneración de derechos en 274 municipios del país, por lo que, sumado a estas nuevas amenazas contra la población civil, el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva de sus instituciones para la protección de los derechos de la ciudadanía.