Este es el balance en temas de paz y orden público del Gobierno Duque

El próximo 7 de agosto el presidente Iván Duque dejará su cargo, dejando como sucesor a Gustavo Petro, uno de sus más fuertes opositores. Sin duda, un cambio drástico para el panorama del país, marcado por los residuos de la pandemia, el estallido social y la difícil situación económica a nivel mundial.

Durante su mandato, Iván Duque fue insistente en la implementación de políticas ambientales, de desarrollo para las micro y medianas empresas, las políticas públicas en tecnología y los planes migratorios tras la fuerte crisis humanitaria que golpeó a Venezuela.

Sin embargo, hubo situaciones que no fueron fáciles para el Gobierno, una de ellas propiciada por el fuerte estallido social que se vivió desde finales de 2019, se replicó a mitad del 2020 y, finalmente, tuvo su apogeo a principios de 2021.

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En el marco de las manifestaciones, el presidente fue cuestionado por algunas de las decisiones tomadas para dispersar las protestas, el actuar de algunos miembros de la Fuerza Pública y las medidas tomadas posteriormente en contra de integrantes de la primera línea, varios acusados por delitos de terrorismo.

Durante el paro nacional del 2021, según cifras de Indepaz, se habrían cometido 83 homicidios, 44 de ellos bajo presunta autoría de la Fuerza Pública. Además, se registraron 1.747 casos de violencia física, 96 víctimas de violencia ocular y 35 de violencia sexual. Todos estos datos comprendidos entre el 28 de abril y el 20 de julio del año pasado.

Durante el paro nacional del 2021, según cifras de Indepaz, se habrían cometido 83 homicidios, 44 de ellos bajo presunta autoría de la Fuerza Pública. Además, se registraron 1.747 casos de violencia física, 96 víctimas de violencia ocular y 35 de violencia sexual. Todos estos datos comprendidos entre el 28 de abril y el 20 de julio del año pasado.

En los hechos de las protestas se registraron graves situaciones de violencia que involucraron también a algunos manifestantes. En Buga, algunos de ellos dispararon con armas cortas y largas contra un helicóptero de la Policía; en Cali también hubo personas que aprovecharon la confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública para salir en las noches con armas de fuego y disparar a policías; se presentaron incendios a bancos y cadenas y la muerte de un ciudadano cerca al Portal de las Américas por un cable de acero atravesado para bloquear la vía, además de lo que significó la ausencia de alimentos en las alacenas de los supermercados por varias semanas, problemas para los productores y un golpe a la economía en mitad de la crisis de la pandemia.

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Una de las imágenes de toda esa violencia con la que el país se quedó, fue la del homicidio a un agente del CTI en el Valle, luego de denuncias de que este habría disparado también contra personas que protestaban en hechos confusos.

Los resultados en temas de paz

Por otro lado, los asesinatos a líderes sociales, ambientales y firmantes del acuerdo de paz fueron temas que pusieron a Colombia bajo la lupa de distintas organizaciones internacionales, desde donde se alertó por el aumento de crímenes en contra de estas comunidades.

En este último cuatrienio se emitieron 178 alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, se registraron 957 asesinatos a líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos; 261 homicidios contra partícipes del proceso de paz y 313 masacres en diferentes partes del país. Sin embargo, buena parte de esos asesinatos según cifras de la Fiscalía y la Defensoría tuvieron como autores o determinadores a las disidencias de las FARC o el ELN en la batalla por algunas rutas y venganzas contra los firmantes del acuerdo, junto a la minería ilegal.

Entre los territorios más afectados por estos hechos, estarían Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. Además, municipios como Tumaco, Santander de Quilichao, Caloto, Tarazá, Corinto, Argelia, Toribío y El Tambo, figuran con las cifras más alarmantes.

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Actualmente, la fuerte arremetida iniciada por el Clan del Golfo y guerrillas como el ELN y las disidencias, iniciaron también una ola de violencia en contra de miembros de la Fuerza Pública, dejando cerca de 40 víctimas mortales en las últimas semanas.

Por su parte, el presidente Duque mantuvo en estos cuatro años una postura firme sobre los actores armados, propinándoles fuertes golpes al interior de sus estructuras, y logrando capturas y bajas que debilitaron las bases de estos grupos. Una de las más recordadas fue la captura y extradición del máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Otoniel.