Volcán Nevado del Ruiz: ¿hasta dónde puede llegar el ICBF si padres no quieren entregar a sus hijos en una evacuación?

El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja por una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz, el cual ha emitido varios gases y nubes de ceniza en las últimas semanas. La última vez que hizo erupción este volcán fue en 1985, causando la famosa tragedia de Armero, cobrando las vidas de miles de personas.

Si bien no se descarta la posible erupción del volcán, desde el Gobierno ya hay planes de prevención para la población de zonas aledañas al nevado. Las recomendaciones son evacuar los municipios que están ubicados cerca al volcán, y la gran polémica que existe es por el tema de los menores de edad.

El presidente Gustavo Petro señaló que activarían empresas de transporte regionales para que sirvan a los pobladores para llevar a cabo el desalojo. Además, indicó que si hay familias que decidan quedarse en la zona, se establecería un protocolo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para evacuar a los menores.

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Sin embargo, ha habido polémicas por este tema de los menores de edad, puesto que hay un riesgo inminente si el volcán entra en erupción, pero no hay certeza de que vaya a hacerlo. Esto pone la lupa sobre lo que pueden llegar a hacer las autoridades y el ICBF por el bien de los menores que puedan estar en riesgo ante el probable desastre natural.

El marco legal para retirar a los menores de zonas aledañas al Nevado del Ruiz

Bajo diferentes sentencias de la Corte Constitucional, así como el Código de la Infancia y la Adolescencia, existe todo el sustento legal que permite al ICBF y las autoridades retirar a los menores de edad, incluso por la fuerza, si llegase a ser necesario.

Según indica la sentencia T-768 de 2015 de la Corte Constitucional, está el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Sin embargo, hay tratados internacionales, y la propia Constitución Política de Colombia, donde está instaurado el principio de interés superior del menor, lo que los califica como sujetos de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia, esto para garantizarles un tratamiento preferente y perseverarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas.

NoticiasRCN.com consultó un abogado experto en temas de familia, quien indicó que para que las autoridades puedan retirar a los menores de esta zona de riesgo, incluso en contra de la voluntad de los padres, hay marco legal para hacerlo, pero se debe tener la absoluta certeza de que al retirarlos, no estarán en un mayor riesgo.

Puntualizó que según la sentencia T-397 de 2004 de la Corte Constitucional, "las decisiones adoptadas por las autoridades que conocen de casos en los que esté de por medio un niño, niña o adolescente -incluyendo a las autoridades administrativas de Bienestar Familiar y a las autoridades judiciales, en especial los jueces de tutela- deben propender, en ejercicio de la discrecionalidad que les compete y en atención a sus deberes constitucionales y legales, por la materialización plena del interés superior de cada niño".

Sin embargo, su énfasis particular estuvo en el segundo punto de esta sentencia, donde se enfoca en que debe haber una "cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado. Para ello, las autoridades deben prestar la debida atención a las valoraciones de los profesionales que se hayan realizado en relación con dicho menor, y deberán aplicar los conocimientos y métodos científicos y técnicos que estén a disposición para garantizar que la decisión adoptada sea la que mejor satisface el interés prevaleciente en cuestión".

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Esto se resume en que si las autoridades deciden sacar a los menores del sitio, deben estar absolutamente seguros que hay un riesgo inminente. En caso de que se declare alerta roja en el Volcán del Ruiz, tienen todos los argumentos para retirarlos, incluso en contra de la voluntad de sus padres. En este caso, el ICBF, apoyado por la Policía, pueden sacar a los menores de sus hogares. Sin embargo, al estar en una alerta naranja, se está en una especie de zona gris. Las autoridades tienen el sustento para sacar a los menores, pero al no saber cuándo entraría en erupción el volcán, o si no lo hace, pueden tener un lío legal.

El abogado dijo que las autoridades "pueden sacar a los menores, y tienen todo el sustento para hacerlo, pero no lo van a hacer. Para que el funcionario que retira a los menores pueda hacerlo, incluso a la fuerza, debe tener información certera y contundente. Si esa información no es contundente , no puede tomar una medida por los criterios de ponderación que establece la Corte Constitucional".

Respecto a este punto, señaló también que "si lo hacen sin una información categórica que indique la inminencia de una catástrofe, ahí si les pueden iniciar un proceso disciplinario (a las autoridades)".

Explicó también que en el Código de Infancia y Adolescencia hay un parágrafo en el artículo 53 que "no puede ser más claro", respecto al restablecimiento de los derechos. "En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de desastres naturales u otras situaciones de emergencia, las autoridades tomarán cualquiera de las medidas establecidas en este artículo y las demás que indiquen las autoridades encargadas de la atención de los desastres para la protección de sus derechos", dicta el artículo, evidenciando que estos menores pueden ser retirados de sus hogares por las autoridades en caso de que vaya a entrar en erupción el volcán del Nevado del Ruiz.

ICBF hace un llamado a las familias

Las indicaciones que ha dado el Gobierno nacional son de evacuar la zona, y que los menores de edad son una prioridad. 

Desde el ICBF, la subdirectora general, Adriana Velásquez, indicó que "para nosotros es muy importante que las familias que están en la zona de influencia, y el alto riesgo que representa para ellas, reconozcan que ellas y sus niños deben ser evacuados por medida preventiva".

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"Es un llamado que hacemos desde el ICBF, y disponemos de todas las condiciones de transporte, de asesoramiento con las autoridades administrativas, y de acompañamiento psicosocial para que se acaten las medidas que nos da la autoridad nacional", puntualizó la funcionaria.