Mario Montoya en la JEP: los casos de falsos positivos que demostrarían la sistematicidad de los crímenes

El caso del general (r) Mario Montoya Uribe en la JEP revive una de las épocas más oscuras del conflicto en el país. En una audiencia el pasado 30 de agosto, la Sala de reconocimiento de Verdad y Responsabilidad lo imputó a él y a ocho militares más por el asesinato y desaparición forzada de 130 civiles en Antioquia entre 2004 y 2006.

Las múltiples declaraciones y testimonios recopilados por el tribunal especial determinaron que Montoya sería responsable de “mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”.

La imputación del general en retiro se dio en el marco del caso 03 por falsos positivos en el oriente antioqueño, y documenta los casos perpetrados por las unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército, de la cual Montoya era máximo comandante.

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Los casos expuestos por la JEP para imputar a Mario Montoya

Durante la imputación, la Jurisdicción Especial para la Paz relató algunos de los hechos cuya responsabilidad se atribuye a Montoya, y que demostrarían su grado de responsabilidad en la comisión de homicidios y desapariciones sistemáticas en contra de la población civil.

Para la JEP, estos casos “no fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados”, sino que se presentaron de forma planeada, dirigida y organizada por agentes estatales en cumplimiento de sus deberes oficiales.

“No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate que se estableció desde la comandancia de la IV Brigada y descendió a través de los distintos niveles de la cadena de mando”, resaltó el tribunal.

Uno de los casos que llamó la atención de los magistrados fue el de dos niñas y tres jóvenes civiles asesinados el 9 de marzo del 2002 en el municipio de San Rafael. Según señaló la investigación, los menores iban en una camioneta perteneciente al paramilitar conocido como alias Parmenio, cuando recibieron el ataque por parte de las Fuerzas Militares.

No obstante, Montoya habría ordenado presentar sus cuerpos como guerrilleros dados de baja en combate, a pesar de saber que se trataba de civiles apartados del conflicto.

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Luz Stelly Morales y los trabajadores de la Central Minorista de Medellín

Luz Stelly Morales, una joven de 16 años, es otro de los nombres que reposa en los archivos de la JEP. Ella fue sacada de su casa ubicada en la zona de El Morro, en el municipio de Granada; para luego ser presentada como una guerrillera desmovilizada del Ejército de Liberación Nacional y posteriormente asesinada por tropas de la Batería Atacador 1.

Según el informe, a Luz Stelly la asesinaron luego de que el comandante de la Batería rechazara la captura. “No nos están aceptando esa otra desmovilizada, ya tenemos una, nos toca dar esa baja”, contienen los testimonios.

Algo similar ocurrió con cuatro trabajadores de la Central Minorista de Medellín, hasta donde llegaron oficiales del Pelotón Cañón 2 del BAJES vestidos de civil, para solicitar ayuda con una supuesta mudanza a las afueras de la capital antioqueña.

Siguiendo la promesa de trabajo, los hombres de la central aceptaron y fueron conducidos hasta el municipio de Granada. Allí fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en el marco de la operación Marcial Norte.

La JEP reveló que, por lo menos un mes después, miembros del mismo pelotón repitieron la misma práctica; en dicha ocasión, con habitantes de calle de Medellín, a quienes ofrecieron ir a raspar coca. Las víctimas de ese momento aún no han sido identificadas.

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“La mejor Brigada es la que da más de 204”

La Sala de la JEP determinó también que la “presión desmedida” por resultados ejercida sobre los miembros del Ejército de la IV Brigada, se convirtió en motor de los asesinatos y desapariciones forzadas que más adelante se camuflaban como bajas en combate.

Los testimonios entregados por miembros de la Fuerza Pública al tribunal demostraron que la muerte en combate se convirtió en el único resultado “digno de ser premiado por los comandantes”, pues la presentación de capturas, heridos o incautaciones “era desincentivada, y las órdenes explícitas e implícitas de presentar muertos en combate era el principal interés para el comandante de la IV Brigada”.

Otro de los elementos revelados en este caso refiere a los programas radiales del Ejército que eran utilizados para ejercer presión y transmitir los incentivos positivos y negativos a los miembros de la tropa. Los comparecientes contaron a la JEP que el entonces comandante, Mario Montoya, se encargaba de transmitir el mensaje de las bajas como único resultado válido de las operaciones.

“Al revisar los libros de programas del comandante de la IV Brigada emitidos entre enero y agosto del 2003, la Jurisdicción encontró que en ellas se resalta la “necesidad de que las unidades se pongan al día con las bajas”, refirió la JEP.

Al respecto, la Sala contó al menos 24 programas en los que se felicitaba y prometía permisos a quienes presentaban bajas. En los archivos oficiales sobre estas transmisiones se resaltan frases como: “Hasta la fecha se han hecho 200 bajas, un total de 3 ‘g’ por día”, “La mejor Brigada es la que da más de 204”, El pie de fuerza no está a la par de los resultados operacionales”.

A Montoya también se le señaló de dar la orden a sus subalternos de reportarse en términos de “litros de sangre”, cuando era comandante de la IV Brigada.