¿Qué es el Acuerdo de Escazú y cuáles son las repercusiones de su ratificación en Colombia?

Con 119 votos a favor, el Congreso de la República ratificó la implementación del Acuerdo de Escazú en el país, un documento firmado en el 2018 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En términos generales, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, busca que los países firmantes establezcan protocolos medioambientales para proteger los recursos de cada territorio.

Unicef define este documento como una “herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos”, con la que se busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia medioambiental en Latinoamérica.

La importancia de este acuerdo radica en garantizar el acceso a la información de las personas, así como su inclusión en decisiones medioambientales que puedan afectar en el desarrollo y bienestar de sus comunidades.

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El Acuerdo de Escazú es el primero de carácter ambiental propuesto para países de Latinoamérica y el Caribe. Hasta ahora ha sido firmado y ratificado por 14 países, entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía.

Entretanto, los países que solo han firmado son Belice, Brasil, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana. Mientras que las naciones que aún no se suman son Bahamas, Barbados, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

¿Por qué es importante para Colombia?

El acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales son los tres pilares del Acuerdo de Escazú, cuya ratificación se convertiría en la base para la protección de los defensores del medio ambiente en el país.

Durante varios años seguidos Colombia ha sido una de las naciones con las cifras más dramáticas en asesinatos a líderes ambientalistas. Según la ONG Global Witness, en 2021 el país fue el segundo a nivel mundial con la mayor cantidad de homicidios contra defensores del medio ambiente, muchos de ellos opositores de los cultivos ilícitos, activistas en temas de restitución de tierras y promotores de iniciativas contra el fracking.

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Esto demuestra que, aun después de la firma del Acuerdo Final del 2016, los rezagos de la violencia se siguen materializando en los líderes y poblaciones que buscan la protección de sus territorios, especialmente comunidades indígenas, afro y campesinos.

Según la WWF, las prácticas ancestrales de los indígenas aseguran la conservación de, al menos, el 80% de la biodiversidad a nivel mundial. No obstante, de los 33 asesinatos a ambientalistas en Colombia registrados en 2021, 16 de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas.

La Global Witness también destacó que más del 40% de los ataques a nivel mundial fueron en contra de las comunidades ancestrales, siendo Colombia uno de los países con mayor número de crímenes en contra de estas poblaciones.

Una recopilación de la WWF expresa que, con la ratificación del Acuerdo de Escazú, Colombia podría empezar a abordar de manera diferente e inclusiva temas de exploración y explotación minera en zonas protegidas y estratégicas para la conservación del agua y la diversidad, como el páramo de Santurbán; daños y conflictos ambientales provocados por megaproyectos como lo sucedido en Hidroituango; así como repercusiones medioambientales de la exploración de hidrocarburos sobre ecosistemas y comunidades que dependen del turismo ambiental, como en Caño Cristales.

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