Análisis: estos son los caminos del Gobierno tras crisis por rectificación del ELN al cese bilateral

Tal vez el asunto que más ha llamado la atención, tras el cierre del primer ciclo de negociaciones en Caracas, Venezuela, es la aparente asincronía que se empieza a notar entre el Gobierno nacional y la delegación del ELN. Esto queda visto a solo tres días del 2023, después de que la guerrilla saliera a rectificar que hayan acordado un cese al fuego bilateral, tal como había sido anunciado por medio de un decreto.

Esto es cuanto menos inquietante porque habla de que hay una falta de comunicación entre las partes y que no se ha afinado la institucionalidad de la mesa de diálogos, que es uno de los cuatro primeros acuerdos consignados en el primer ciclo de Caracas. Esta falta de concordancia entre los mensajes emitidos por el gobierno Petro y el ELN abre un nuevo debate.

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“La paz total será una realidad”, esa fue la frase con la que el presidente Petro dio conocer el cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada; cinco estructuras armadas que han expresado su intención para negociar con el Gobierno. 

El mensaje para consolidar la paz total, se ha visto reforzado desde el mismo Congreso, donde el presidente del Senado Roy Barreras afirmó que “parar la muerte es nuestra obsesión” y sumado a esto mencionó otros “ingredientes” que ayudarían a lograr este propósito como: el liderazgo presidencial y la verificación.

Aunque con esta nueva contradicción entre las partes (gobierno Petro y ELN) queda en evidencia que hubo un exceso u omisión en alguno de estos dos ingredientes. Lo más preocupante es que desde diversos sectores políticos ya han empezado a advertir que el decreto firmado por el Presidente dará “impunidad”.

Así el senador de la bancada del Centro Democrático, Miguel Uribe, llegó a decir que con el cese al fuego los “grupos armados se van a fortalecer pues tendrán licencia para delinquir mientras no enfrenten la fuerza pública”. En ese sentido, coincidió la senadora Paloma Valencia, quien dijo que “es un decreto ilegal que impide perseguir la criminalidad a cambio de nada”. 

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Sin embargo, desde la delegación del Gobierno salieron al paso diciendo que “la intención del presidente Gustavo Petro al declarar un cese bilateral del fuego es la de abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de negociación política”, así lo manifestó a través de un comunicado el jefe negociador Otty Patiño.

Lo cierto es que este cruce de posturas tiene lugar en un momento donde los ánimos se mantienen altos, porque se espera que para mediados de enero se continúe con el segundo ciclo de las negociaciones.

Entre tanto, el Gobierno hará una rueda de prensa mañana, 4 de enero, para dar a conocer que sucederá tras la rectificación del ELN al presidente Gustavo Petro. 

La reincidencia, un camino posible

Ante la expectativa, uno de los mayores cuestionamiento que ha surgido es si habrá impunidad, o existirá alguna clase de posibilidad para la traición, como sucedió con una fracción de las extintas Farc-Ep. 

Desde la oposición ese ha sido uno de los temas más cuestionados: la presunta oportunidad de reincidencia en la que podrían incurrir los elenos. Aunque el grupo guerrillero ha aclarado que “sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos”, de allí radica la inquietud de muchos sobre la posibilidad de reincidencia o de la comisión de acciones criminales en terreno. 

Al respecto, diversos analistas consultados por NoticiasRCN.com concuerdan en decir que es imposible que haya una certeza absoluta de que no se van a violar los acuerdos, pues existe un antecedente sobre la terminación de procesos de paz después de que las guerrillas acusaran al Estado colombiano de traicionar los acuerdos y viceversa. 

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El analista político y catedrático de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, considera que por eso es fundamental que los acuerdos bilaterales se logren con un cese al fuego y no se negocie en medio del combate armado, lo cual parece ser una de las principales preocupaciones del gobierno del presidente Petro. 

“Obviamente, la garantía va en la unidad de mando, porque esta es la que permite comprobar que lo que estén decidiendo los miembros del Comando Central en Venezuela se ha respetado por todos los frentes que hacen parte de la guerrilla”, dice Jaramillo. 

El catedrático de la Universidad de Externado de Colombia, Jairo Libreros, comenta que uno de los mecanismos que podría ser adoptado es multiplicar los acuerdos humanitarios en terreno, “porque eso le permite al Gobierno Nacional determinar en el terreno, si los diferentes frentes o unidades militares del ELN sí están siguiendo las decisiones que adopta el COCE”. 

Es preciso mencionar que el delegado del ELN, Pablo Beltrán, expresó que “esperamos lograr acuerdos humanitarios en los que se involucren a la sociedad civil y también se puedan seguir dando gestos de paz”.

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La posibilidad de impunidad, uno de los argumentos de la oposición

Desde la oposición, uno de los argumentos más utilizados en contra de los acuerdos de paz es la presunta impunidad para los grupos armados y criminales con los que se han adelantado negociaciones. 

Después de la rectificación del ELN, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, afirmó que “siempre ha habido cierta complicidad, al existir la rebelión como un delito político”. Además, indicó que en el pasado esta figura ha sido usada para “disfrazar todo tipo de delitos, no solo del narcotráfico, sino los crímenes de guerra y de lesa humanidad”. 

Es por eso que con el proceso de diálogo que se adelanta entre el gobierno Petro y el ELN, otro de los cuestionamientos que ha sido hecho desde las esferas opositoras es: ¿qué pasará con los bienes del ELN y cómo serán acusados los delitos que han sido cometidos?

De esta forma, el analista político Jairo Libreros sugiere que un buen comienzo, dentro de las negociaciones, sería que el Gobierno haga uso de una Unidad de Inteligencia Financiera que establezca qué ha pasado con los movimientos realizados por el ELN. Él explica que si el Estado no tiene la capacidad de identificar las finanzas y las operaciones criminales “podría repetirse lo que pasó con las Farc que entregaron lo que quisieron”. 

“El compromiso de no repetición gira en torno a muchas cosas: la dejación de armas, la entrega de rutas del narcotráfico, de cultivos ilícitos, de contactos internacionales, de las drogas ilícitas… Si ellos logran hacer un ejercicio mucho más depurado que el que hizo las Farc yo creo que ellos van a tener mayor probabilidad de trabajar políticamente”, señala Libreros. 

¿Habrá reivindicación política?

Uno de los temas que fue mencionado por el delegado del ELN, Pablo Beltrán, es que como estructura guerrillera no esperan recibir ninguna clase de réditos políticos del proceso. “Estas mesas no se pueden ver como un trueque de favores. Nosotros aprovechamos para dejar esta constancia, el Eln no pide nada", dijo. 

En esa medida, se puede entender que los elenos no esperar ocupar algún puesto dentro del Gobierno, o dentro del Congreso, como sucedió con las Farc, quienes se consolidaron como un partido político. 

Por el momento, este asunto parece que tendrá que ser resuelto conforme avance la negociación, pero los analistas sugieren que eventualmente se podría dar una participación política de manera individual, como sucedió en con otras estructuras extintas como el M-19 y las Farc-Ep. 

“Hay que ver ellos qué van a negociar exactamente en cuanto al modelo, es decir, qué tanto el modelo económico colombiano del tema de la tierra va a querer negociar el Estado con el ELN”, dice Jaramillo. Mientras que Libreros asegura que “dentro del trabajo político de ellos muy seguramente se va a reflejar en la necesidad de tener mejores condiciones regionales para acceder a alcaldías, consejos municipales y asambleas departamentales”. 

Hasta el momento, se ha sabido que el ELN examinará la propuesta del Gobierno para consolidar un cese al fuego bilateral, y este mes, el segundo ciclo de negociaciones se activará en cualquiera de los países garantes, aunque todo apunta a que se dará en México.