Superservicios pide al Consejo de Estado revocar medidas que le quitó facultades a Petro en la Creg

El superintendente de servicios públicos domiciliarios, Dagoberto Quiroga le solicitó formalmente la Consejo de Estado revocar la medida cautelar decretada al presidente de la República, Gustavo Petro, para que se le permita reasumir las funciones en la regulación de los servicios públicos.

El documento expone por medio del recurso de súplica que el superintendente pidió ser reconocido como parte interesada en dicho proceso y explicó los fundamentos por los cuales la expedición del Decreto 0227 de febrero 16 de 2023 (por medio del cual el mandatario reasumió las funciones en cuestión), tuvo procedencia y no existió una violación de las normas, tal y como se señaló en la medida cautelar.

“El Articulo 68 de la ley 142 de 1994 establece: el presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley. Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el presidente resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones”, cita el documento.

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Por lo tanto, el documento concluye que, las funciones reasumidas por el presidente están fundamentadas en las atribuciones que le consagra la Constitución y la ley. Así mismo, se solicita la procedencia de la revocación del auto de fecha 2 de marzo de 2023, mediante el cual se resolvió decretar una medida cautelar de urgencia, con el que se ordenó la suspensión provisional de los efectos jurídicos solicitados por el mandatario.

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Por su parte, el jefe de Estado, criticó la decisión del tribunal argumentando que estaba entre sus facultades la regulación y control de los servicios públicos, amparado en la Constitución. Por ahora, el presidente no puede reasumir las funciones de las comisiones para regular las tarifas hasta que exista una decisión definitiva del Consejo de Estado.