Corte Suprema de EE. UU. suspendió orden de repatriación de migrante deportado por error
La Corte Suprema de EE. UU. suspendió recientemente una orden judicial que exigía al gobierno de Trump repatriar de inmediato a un migrante salvadoreño de 29 años que fue deportado erróneamente.
Noticias RCN
06:39 p. m.
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este lunes una orden judicial que exigía al gobierno del presidente Donald Trump repatriar de inmediato a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño de 29 años que fue deportado erróneamente el mes pasado.
Corte Suprema de EE. UU. bloqueó orden de repatriar migrante desde El Salvador
Ábrego García fue enviado, junto a más de 200 personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos, a una megacárcel en El Salvador como parte de la ofensiva migratoria impulsada durante la administración Trump.
Sin embargo, su deportación fue reconocida como un “error administrativo” por el propio Departamento de Justicia.
La jueza federal Paula Xinis había ordenado el viernes la repatriación del migrante antes de las 23:59 de este 7 de abril, orden que fue respaldada por un tribunal de apelaciones. El juez Harvie Wilkinson, integrante del panel, señaló: “No cabe duda de que el gobierno metió la pata aquí”.
Wilkinson fue más allá al advertir sobre el precedente que este caso podría establecer: “Los hechos presentan el potencial de una preocupante laguna legal. No hace falta mucha imaginación para entender que este es un camino de perfecta anarquía, uno que los tribunales no pueden tolerar”.
Pese a ello, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, suspendió temporalmente la repatriación mientras se revisa el caso.
El presidente del tribunal, John Roberts, dio plazo hasta las 17:00 horas del martes para que los abogados de Ábrego presenten sus argumentos.
Ábrego García había obtenido protección legal para permanecer en Estados Unidos desde 2019, cuando un juez determinó que su vida estaría en riesgo si regresaba a El Salvador.
Sin embargo, la administración Trump justificó su expulsión reciente apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto raramente utilizado que permite deportaciones en contextos de guerra o conflicto nacional.
La medida fue aplicada el pasado 15 de marzo, cuando EE. UU. envió tres vuelos con migrantes a El Salvador. Según la administración Trump, la mayoría de los deportados pertenecían al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
No obstante, abogados defensores afirman que algunos de los deportados no tienen vínculos con pandillas, y que fueron perfilados arbitrariamente, en parte por tener tatuajes visibles.
Otro juez federal, James Boasberg, ya había bloqueado nuevas deportaciones bajo esta ley, recordando que su uso solo se justificó anteriormente durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
La Casa Blanca, sin embargo, apeló esta restricción y busca reactivar los vuelos de deportación, respaldándose en su interpretación del poder presidencial.
En la apelación presentada ante la Corte Suprema, la asesora jurídica interina de la administración Trump, Sarah Harris, planteó que el caso representa una prueba clave de los límites del Poder Judicial frente al Ejecutivo.
“Este caso plantea preguntas fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional en este país, el Presidente o los jueces”, declaró Harris. “La Constitución proporciona una respuesta clara: el Presidente”.
Mientras tanto, Ábrego García permanece detenido en El Salvador, a la espera de una posible resolución que defina no solo su destino, sino también los límites del poder migratorio del Ejecutivo estadounidense.
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