El cartel de los expresidentes

La Corte Constitucional anunció su decisión de mantener al expresidente Uribe como imputado dentro del proceso penal que se adelanta en su contra, por cuanto consideró que, si bien existen diferencias técnicas entre la imputación y la indagatoria, funcionalmente se equiparan. Del fallo, muy controversial y adoptado por mayoría de 5 votos a favor y 4 en contra, solo se conoce el Comunicado de Prensa. 

La votación fue muy reñida. Los salvamentos de voto de los magistrados disidentes son tremendamente críticos de la decisión mayoritaria, en cuanto la acusan de no soportarse en norma constitucional o legal alguna, de violar el derecho fundamental al debido proceso y, de contera, los derechos del expresidente Uribe, que no se le garantizaron.

La importancia política del fallo es evidente y, dado que el tema gira alrededor del derecho penal, consulté la opinión de muy connotados amigos penalistas, dignos de todo crédito, los doctores Alejandro Mejía y Alejandro Cadena, ambos litigantes y docentes universitarios y el primero columnista en Asuntos Legales de La República. Escuché, además, las intervenciones radiales de Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y de Iván Cancino.

Todos ellos expresan, convincentemente, que bajo ningún punto de vista puede equipararse la indagatoria a la imputación, ni técnica ni funcionalmente, pues son instituciones procesales totalmente diferentes, provenientes de sistemas penales distintos, así tengan algunas semejanzas. Me anotaba Alejandro Mejía que la Corte asumió, equivocadamente, que “como la carne de conejo sabe a pollo, el conejo es un ave”. 

Estas opiniones, que provienen de reputados especialistas, me inducen a pensar que la Corte se equivocó pues es difícil de comprender que se equipare funcionalmente lo que técnicamente es tan distinto. Por otro lado, el vacío constitucional y legal existente no puede ser llenado para perjudicar al investigado sino para favorecerlo, es decir, entre dos interpretaciones posibles ha de optarse por la favorable a él, pues se trata de darle al investigado las mayores garantías.    

En sus declaraciones a Semana el magistrado ponente, Alejandro Linares, a quien conozco desde hace varios años y por quien profeso el mayor respeto, mencionó dos hechos que quiero destacar. 

El primero, la existencia de filtraciones durante las deliberaciones, las cuales están actualmente, por ley, sujetas a reserva. Estas filtraciones condujeron a que se convocare sesión presencial con celulares fuera del recinto, situación abiertamente anormal. No habla muy bien de la Corte que se produzcan esas filtraciones y no es posible saber, sin entrar en especulaciones, cuál es la finalidad de hacerlas. Evidentemente, una sesión de la Corte no corresponde con la transmisión de un partido de fútbol.

El segundo, que a mi juicio reviste mayor gravedad, que los expresidentes Santos y Gaviria hubiesen llamado, previamente a la adopción del fallo, a varios magistrados de la Corte, hecha la aclaración de que Linares no fue objeto de llamadas, según él mismo precisó. Si bien no se conoce el contenido de las conversaciones, es razonable suponer que se buscaba interferir en la decisión, lo cual significa una clara y censurable obstrucción de la justicia, figura que bajo ciertas circunstancias tiene connotaciones penales en otros países.

Los magistrados que recibieron las llamadas de los expresidentes tienen el deber moral y ético, cuando no legal, de informar a la opinión pública quiénes los llamaron y con qué propósito. No se puede ser ingenuo. Estas llamadas, teniendo en cuenta la naturaleza de la tutela, no parecen ser para informarse al respecto o tratar otros asuntos, sino para incidir en el sentido de la decisión y tanto lo uno, como lo otro, están totalmente fuera de lugar.

El expresidente Gaviria, bajo cuyos hombros el partido liberal viene perdiendo ascendencia y electorado, no hace bien haciendo este tipo de llamadas. Debería centrarse en la reconstrucción de un partido que, en el pasado, ya muy lejano, fue digno de orgullo.

El expresidente Santos, quien hizo de la mentira, la traición, las promesas engañosas, la palabra falsamente empeñada y de otras censurables conductas, una forma de gobernar; quien anunció con bombas y platillos su alejamiento de la política, pero que sigue actuando diligentemente en ella, unas veces tras bambalinas y otras públicamente; quien, a pesar de deberle la presidencia al expresidente Uribe, ha puesto todo su empeño en descalificarlo de múltiples formas, desprestigiarlo, hundirlo políticamente y, al parecer, penalmente, en la búsqueda de su malsano propósito al parecer no vacila en querer hacer valer su ascendencia sobre los magistrados, varios de ellos nominados por él. 

No basta ser honesto, decente e íntegro sino hay que parecerlo, decían nuestros mayores. Bajo la hipótesis de que Santos y Gaviria se comunicaron efectivamente con algunos magistrados para incidir en la decisión, habría de decirse de ellos que no solo no parecen decentes, honestos e íntegros, sino que no lo son. Para demostrar lo contrario, no pueden limitarse a guardar conveniente silencio por cuanto esta interferencia socava la independencia judicial y la pone en entredicho. Sacar a la luz pública las conversaciones contribuiría, sin duda, a revelar intereses oscuros en la política. 
Es inaceptable que no se proceda con la transparencia que el asunto amerita. El país está cansado de que, como en pasada columna expresé, no se trace la línea. Vio atónito cómo existía un cartel de la toga aún no suficientemente develado ni castigado y contempla ahora, con verdadero estupor, que unos expresidentes estén haciendo llamadas que, en el calificativo más benigno, son inadecuadas e impertinentes y, en todo caso, motivo de escándalo.

Colombia tiene que esforzarse por dar un vuelco a la manera como están sucediendo las cosas. El sistema judicial no debe ser ajeno a ese vuelco y debe hacerse lo necesario para que no se mine la credibilidad y la confianza en el sistema judicial, hoy tan deterioradas en las encuestas de opinión y para que nuestras instituciones no queden presas de la politiquería, intereses oscuros o ilegítimos caminos para satisfacer ambiciones personales.    

Muchas de las decisiones de la Corte Constitucional han sido objeto de censura, como las de darle visos de constitucionalidad al acuerdo de paz, las curules de paz, el glifosato y extender el período de la Comisión de la Verdad, bien por desconocer la voluntad popular o bien por inmiscuirse en la órbita del legislativo y del ejecutivo y ello ha planteado el debate sobre si la Corte está fallando en derecho o políticamente. 

Las llamadas de los expresidentes acentúan más ese debate y ponen sobre el tapete la persecución judicial adelantada contra Uribe, que quedó al descubierto cuando se supo que el entonces magistrado Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y prófugo de la justicia, invitó a sus colegas a fallar políticamente contra el expresidente y que ha estado impulsada también por la dupla conformada por el exfiscal Montealegre y el exvicefiscal Perdomo, quienes han mostrado en esa tarea sus profundas carencias, miseria argumentativa y una saña rara vez vista que obliga a preguntarse qué hay detrás.