¿La “No-Violencia” en Medellín?

En varias oportunidades he manifestado mi preocupación por la persecución sistemática que Daniel Quintero ha liderado desde la Alcaldía de Medellín, contra sectores políticos, empresariales, instituciones públicas, fundaciones, entre otros. Esa estrategia cimentada en el odio, fue parte esencial de su campaña e incrementó desde que se posesionó en su cargo. 

Siendo todas igual de graves, quiero profundizar en estas líneas acerca de la persecución contra sectores políticos. Basta revisar las menciones en sus trinos de términos como “uribismo”, “fajardismo”, “Centro Democrático” y recientemente, “Dignidad”, entre otros, para comprender que estamos ante una conducta que además de gozar de la mencionada sistematicidad, es intencional en la violencia y la estigmatización hacia quienes se dirige.

Este proceder no es exclusivo de Quintero sino de varias personas que han integrado su gabinete o que tienen cercanía política con él y además, es por lo menos paradójico, si tenemos en cuenta, que su esposa, Diana Osorio, quien se auto denominó “gestora social”, anunció con bombos y platillos, el 15 de septiembre de 2020, la creación de la Secretaría de la No-Violencia.

Quienes ostentan cargos públicos, como el del alcalde y su gabinete, adquieren la responsabilidad de gobernar para toda la ciudadanía y no exclusivamente para quienes los eligen. Tienen el deber de respetar la diversidad de ideologías políticas y los ciudadanos, a su vez, el derecho a que se les garantice la libertad de expresión, la posibilidad de manifestarse y oponerse a la administración municipal. 

Quintero, Diana y algunos funcionarios de la Alcaldía de Medellín, han utilizado sus redes sociales como caja de resonancia de una narrativa de odio, que parece metódicamente planeada y que en mi concepto, representa el declive de la política en los tiempos modernos. Esa ya mal denominada política pues quienes la practican, actúan sin consideración a las leyes o a la ética en lo público porque lo que realmente los satisface es el poder en sí mismo. En la que se anuló la visión del cargo público como un compromiso sublime de servicio a la comunidad y se enalteció el populismo como el camino más directo para saciar los intereses personales.

No logro comprender por qué los organismos de control y las autoridades competentes aún no actúan frente a tan grave conducta, que atenta contra la democracia y que incluso, ya fue denunciada por el Centro Democrático, mediante solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para los integrantes del Partido en Antioquia. 

La estigmatización que han sufrido sectores políticos en Medellín, durante estos tres años, debería ser investigada con celeridad para en especial, evitar que este tipo de conductas se repitan. Ningún ciudadano colombiano, debe sufrir la persecución de un funcionario público por su condición de militante de un partido político, por ser afín a una ideología o por ejercer oposición a un gobierno.

No olvidemos por un solo instante lo que nos ha enseñado la historia. No olvidemos que los discursos de odio han originado las peores tragedias de la humanidad. Desde esta columna, hago un llamado urgente a los colombianos para que miren hacia Medellín y se unan en torno a una causa: la de la paz política en nuestra ciudad, la del respeto por quienes piensan diferente a quienes gobiernan y se oponen con argumentos. 

Mientras esperamos que las autoridades y organismos de control actúen y recuperen credibilidad ante la ciudadanía, pienso que no es mucho pedir que la Alcaldía que creó la Secretaría de la No-Violencia, lidere con el ejemplo, por lo menos, durante el último año de su periodo.

No más violencia política en Medellín.

@JuliaCorreaNutt