Audiencia en contra de Camilo Romero fue aplazada por incapacidad médica de su abogada
El juicio en contra del precandidato a la Presidencia se inició por presuntas irregularidades en un contrato firmado mientras era gobernador de Nariño.
Noticias RCN
12:59 p. m.
Debido a una incapacidad médica presentada por la abogada defensora de Camilo Romero, actual precandidato a la Presidencia por el Partido Verde, la Corte Suprema de Justicia se vio en la tarea de aplazar hasta marzo la audiencia programada por presuntas irregularidades en un proceso de contratación.
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Dicho proceso fue abierto por la Corte con el fin de investigar un contrato para la compra de aguardiente, que habría sido firmado por Romero mientras se desempeñaba como gobernador de Nariño entre 2016 y 2019.
Rifirrafe entre Romero y la Corte
Durante la última audiencia celebrada en la Corte, la abogada defensora había solicitado a los magistrados un tiempo para estudiar el proceso en contra de su apoderado, sin embargo los togados se negaron. Ante esto, Romero arremetió fuertemente, alegando que se le estaba negando su derecho a la defensa.
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Ustedes pretenden llevar a juicio sin las garantías de la defensa. La defensora no es una persona que yo le pague, no es de mi confianza y ha dicho que no está en la facultad de seguir mi defensa. Ustedes pretenden garantizar un juicio sin garantizar el derecho a la defensa. ¿Cómo se explica eso?
Asimismo, Romero calificó de “aberrante” el actuar de la Corte Suprema al exigirle a la abogada tener lista una defensa en menos de 20 días para enfrentar el juicio. Todo esto se dio luego de que Gerardo Barboza, abogado de confianza del precandidato, renunciara a su cargo por supuestas presiones de los magistrados.
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“El doctor Gerardo Barboza renunció por cómo se le quería obligar a desconocer su profesión académica, obligándolo a de un día para otro cancelar su agenda, adelantar un juicio mientras tenía covid, pero levantó sin ningún problema otra audiencia porque el señor fiscal no se sentía bien”, afirmó Romero.
Cabe recordar que la investigación en contra del exgobernador inició en el 2019, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato por casi $18 mil millones para la comercialización de aguardiente en el departamento de Nariño.