Corte Constitucional planta firme posición en casos de violencia económica y divorcios
La decisión del alto tribunal acoge a mujeres divorciadas o viudas que han dependido económicamente de sus esposos o de la cuota alimentaria.
Noticias RCN
02:07 p. m.
Un nuevo fallo de la Corte Constitucional determinó que las mujeres divorciadas que han dependido económicamente de sus esposos no pueden perder el derecho a recibir la cuota alimentaria, así su expareja fallezca. En su decisión, el alto tribunal le pide al Congreso de la República tomar las medidas pertinentes para evitar los casos de violencia económica.
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Con esta orden de la alta Corte se sienta un precedente clave para favorecer a las mujeres dedicadas a las labores del hogar y que han decidido separarse de sus esposos, que usualmente quedan desprotegidas cuando se lleva a cabo el divorcio o cuando se da la muerte del cónyuge.
¿Por qué se tomó esta decisión?
El caso de una mujer de 80 años que dedicó su vida a las labores del hogar y crianza de sus dos hijos, se separó y vivía de la cuota alimentaria otorgada por su expareja, fue clave para esta decisión de la Corte Constitucional que determinó que las mujeres divorciadas que no hayan desempeñado labores remuneradas diferentes al cuidado de su familia puedan seguir recibiendo una pensión alimenticia así su expareja haya muerto.
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Las cuotas alimentarias reclamadas por las mujeres en el matrimonio y después del divorcio se convierten en una medida para aminorar los efectos negativos de la violencia económica y la discriminación que sufren a lo largo de su vida.
Para el alto tribunal, la entidad pensional sería la encargada de seguir suministrando esa cuota alimentaria en caso de fallecimiento del exesposo.
Sin embargo la Corte fue clara al señalar que la medida no puede ser aplicada de manera automática en todos los casos semejantes, pero que sí abre la posibilidad para que en situaciones de este tipo las mujeres puedan tener un recurso para hacer valer su derecho.
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Finalmente, la solicitud de la Corte al Congreso busca que se adopten las medidas necesarias para evitar la falta de protección de las mujeres después del divorcio.